El Tribunal Supremo suspendió ayer, con el voto de cinco de sus seis magistrados frente a uno solo en contra, la magistrada Alicia Millán, la inscripción en el Censo Electoral de Residentes Ausentes (CERA) de los beneficiarios de la llamada «ley de nietos» que no puedan acreditar documentalmente que sus padres o abuelos salieron de España por motivos políticos, ideológicos, de creencias o de orientación e identidad sexual. La medida cautelar, adoptada a instancias de los recursos presentados por Vox y por la asociación Iustitia Europa y avanzada ayer por El Español y El Economista, paraliza tanto las nuevas altas como, en la práctica, los efectos electorales de las ya producidas, hasta que la Sala dicte sentencia definitiva.
El propio Supremo ha exigido además que la Junta Electoral Central apruebe en un máximo de diez días una instrucción que objetive los criterios de adscripción territorial de estos electores. Que un alto tribunal paralice cautelarmente una norma exige acreditar no solo la urgencia, sino una apariencia de buen derecho: los jueces han considerado, dicho de otro modo, que los argumentos de quienes denuncian un exceso normativo tienen visos serios de prosperar.
Conviene explicar, para quien no haya seguido el culebrón, qué es exactamente lo que el Supremo ha puesto en cuarentena. La llamada «ley de nietos» no es una ley autónoma, sino la disposición adicional octava de la Ley 20/2022, de Memoria Democrática, aprobada por las Cortes para reconocer la nacionalidad española a determinados descendientes de quienes se exiliaron por razones políticas durante el franquismo y a los hijos de españolas que perdieron su nacionalidad por matrimonio antes de 1978.
El texto votado en el Congreso tenía, por tanto, un ámbito acotado: reparación histórica para el exilio político. Pero apenas unos días después de su aprobación, el 25 de octubre de 2022, la entonces directora general de Seguridad Jurídica y Fe Pública del Ministerio de Justicia dictó una Instrucción que amplió por vía administrativa, sin pasar por el Parlamento, el círculo de beneficiarios: presumió la condición de exiliado para cualquier español que hubiera salido del país entre 1936 y 1955, con independencia de que su marcha respondiera a persecución política o, simplemente, a la emigración económica que durante décadas expulsó a millones de españoles hacia América. La diferencia no es menor: mientras la ley hablaba de exiliados, la Instrucción habla de emigrantes de toda una época, lo que multiplica exponencialmente el universo de nietos, bisnietos y hasta tataranietos con derecho a la nacionalidad y, con ella, al voto.
Quien firmó esa Instrucción se llama Sofía Puente. Es fiscal, estuvo muy próxima a Félix Bolaños, el redactor de la ley y hoy ministro de la Presidencia y Justicia, que la promovió después a un cargo de mayor rango y es, además, hermana del actual ministro de Transportes, Óscar Puente. Ese parentesco, que ningún relato honesto de este asunto puede omitir, es precisamente lo que ha convertido una discrepancia jurídica sobre el alcance de una ley en un asunto de enorme sensibilidad política: según reveló The Objective el pasado julio, la entonces directora general actuó a espaldas de la propia ministra de Justicia de aquel momento, y su decisión ha terminado incorporando al censo electoral a varios centenares de miles de personas sin control parlamentario alguno.
Vox presentó en julio una querella contra ella por presunta prevaricación y usurpación de funciones; un juzgado de Madrid abrió diligencias y las trasladó a la Fiscalía, y la querella se amplió después reclamando la comparecencia de otros altos cargos, entre ellos el propio Bolaños.
Nada de esto equivale, hay que decirlo con la misma claridad con que se cuenta lo demás, a una condena ni a una prueba de delito: la instrucción judicial sigue abierta y la presunción de inocencia ampara a Sofía Puente como a cualquier investigado. Pero la sola existencia de esa causa, sumada a la decisión del Supremo de esta semana, certifica que la sospecha de extralimitación no es una ocurrencia de la oposición, sino una cuestión que los tribunales han considerado lo bastante seria como para actuar.
Y lo es, sobre todo, por la magnitud del fenómeno que ha desencadenado. El censo de residentes ausentes ha pasado de 2.328.260 electores en las generales de 2023 a 2.736.522 el pasado 1 de julio: casi 408.000 nuevos electores en poco más de tres años, el mayor incremento de toda la serie histórica.
Ese crecimiento ha producido una distorsión geográfica llamativa: 162 municipios españoles, concentrados sobre todo en Salamanca, La Rioja, Soria y Ourense, tienen ya tantos o más electores inscritos en el extranjero como habitantes que residen en ellos, y hasta 558 localidades superan el 50 % de su censo residente solo con voto exterior.
El dato es tan espectacular que corre el riesgo de desviar la atención de lo que de verdad importa en unas generales, que no es el pueblo sino la provincia: la circunscripción del Congreso.
Y ahí el fenómeno adquiere otra dimensión. Madrid ha incorporado por sí sola unos 114.360 nuevos electores CERA desde 2023, casi un tercio de todo el aumento nacional, en una provincia donde, en el recuento de 2023, el PSOE ya perdió un escaño frente al PP tras el conteo del voto exterior, por un margen de apenas 1.323 votos. Cantabria y Girona incorporaron respectivamente unos 8.053 y 5.618 electores nuevos, en circunscripciones donde el último diputado se decidió entonces por márgenes de 404 y 285 votos.
Un análisis publicado este verano identificaba hasta dieciséis circunscripciones sensibles, entre ellas Salamanca, Asturias, Málaga, Ourense, Lugo, La Coruña, Pontevedra, Tenerife, Navarra, Guipúzcoa, Tarragona, Barcelona y Las Palmas, además de las tres ya citadas, donde el crecimiento del CERA desde 2023 supera ya el margen que separó al último escaño del primer excluido.
Conviene ser precisos: esa cifra de dieciséis describe circunscripciones matemáticamente sensibles, no diputados que vayan a cambiar de mano de forma automática, porque hace falta además que esos nuevos electores voten, la participación exterior ronda históricamente el 10 % y que lo hagan de forma suficientemente desequilibrada entre partidos.
Precisamente por eso resulta tan grave que el criterio que decide a qué provincia queda adscrito cada uno de esos nuevos electores, el llamado “mayor arraigo familiar” de quien nunca ha pisado España sea, como reconoció la propia Junta Electoral Central en su Acuerdo 204/2026, del pasado 16 de julio, un concepto insuficientemente objetivado, sin jerarquía clara entre ascendientes ni documentación exigible homogénea entre consulados.
La propia Junta, que no es sospechosa de activismo opositor, pidió expresamente que esas decisiones queden en adelante motivadas y sean auditables. Que el árbitro electoral del Estado sintiera la necesidad de intervenir dice, por sí solo, buena parte de lo que hace falta saber sobre el estado en que se encontraba el sistema hasta ahora.
El precedente de 2023 demuestra que esto no es una hipótesis de laboratorio: el voto exterior ya cambió entonces un escaño en Madrid, del PSOE al PP, tras el escrutinio del CERA.
Con un censo exterior que ha crecido desde entonces en más de 400.000 personas y con más de una decena de provincias en el filo de la navaja, la pregunta que de verdad importa no es si el voto de los nuevos nacionalizados es legítimo, lo es, exactamente igual que el de cualquier otro español, sino quién decide, con qué criterio y con qué controles, a qué circunscripción queda vinculado alguien que nunca ha vivido en España.
Ahí, y no en el mero hecho de conceder nacionalidades, reside el verdadero peligro: un mecanismo administrativo diseñado en 2011 para gestionar unos pocos miles de casos se ha visto desbordado, primero por una ley aprobada en 2022 y después, de manera decisiva, por la interpretación extensiva que de ella hizo por su cuenta la hermana de un ministro, sin que hasta ahora exista una estadística pública que permita separar con precisión cuántos de esos nuevos electores proceden realmente de esa vía.
El propio Gobierno lo sabe: hay preguntas parlamentarias pendientes de respuesta hasta el 23 de septiembre que reclaman exactamente esos datos, y hasta la fecha el Ejecutivo no los ha facilitado.
Félix Bolaños salió ayer mismo a pedir al Supremo que resuelva “cuanto antes” porque el asunto “afecta al derecho al voto, lo más sagrado” (A confesión de parte, relevo de pruebas), y el Gobierno, junto con Sumar, cargó contra una decisión que consideran una injerencia política disfrazada de tecnicismo jurídico (“tecnicismo jurídico” que caraduras ¡!!).
La derecha, con Feijóo y Abascal a la cabeza, celebró en cambio la suspensión como una victoria frente a lo que llevan meses denunciando como una argucia para engordar a conveniencia el censo exterior.
Ninguna de las dos lecturas debería sustituir a la de los hechos desnudos: no existe hoy prueba pública de que se haya dirigido deliberadamente a electores concretos hacia provincias concretas para alterar un resultado, y quien lo afirme como si fuera un hecho consumado se adelanta a lo que todavía deben esclarecer la Fiscalía y el propio Supremo.
Pero tampoco queda ya margen para restar importancia al asunto. Una norma aprobada por las Cortes para reparar el exilio político acabó, por decisión de una alta funcionaria emparentada con el Gobierno, aplicándose a la emigración económica de casi dos décadas; ese exceso ha inflado un censo exterior en más de 400.000 personas en tres años; y esa masa de nuevos electores recae, por el propio diseño del sistema, precisamente sobre las provincias donde menos votos hacen falta para mover un escaño.
El Supremo, al frenarlo cautelarmente esta semana, no ha certificado un fraude. Pero sí ha certificado algo casi tan importante: que la sospecha tenía fundamento suficiente para detener, aunque solo sea de forma provisional, una maniobra que llevaba tres años redibujando en silencio el mapa electoral español.
Esa sospecha institucional tiene, además, un correlato sobre el terreno que conviene no pasar por alto. Lorena Suárez, secretaria general del PSOE en Argentina, reconoció en una entrevista radiofónica que se reunió con los cinco consulados españoles del país para revisar cómo estaban aplicando los criterios de acceso a la nacionalidad y «unificar» ese criterio entre unos y otros, admitiendo abiertamente que «había algunas diferencias». Es decir: una dirigente partidista, ajena por completo al cuerpo consular, intervino para homogeneizar la manera en que distintos consulados interpretaban la ley, y lo hizo además en encuentros directos con los propios cónsules, como el que mantuvo específicamente con el de Córdoba por los retrasos en la tramitación. La sede del PSOE en Buenos Aires, por su parte, ofrecía públicamente asesoramiento gratuito y gestión de «trámites consulares» sin necesidad de cita previa, publicitado en sus propias redes sociales. Y el propio embajador de España en Argentina, Joaquín de Arístegui, admitió en enero de este año que hubo «una interpretación extensiva del espíritu de la norma» y que el Gobierno buscó deliberadamente «una concepción más generosa» de la ley, extendiendo el beneficio incluso a bisnietos. No hace falta imaginar una trama oculta para advertir el problema: cuando son cuadros de un partido, y no el cuerpo diplomático, quienes terminan mediando entre el ciudadano y el criterio con que un consulado aplica la norma —el mismo criterio que después decide a qué provincia española queda adscrito su voto—, la frontera entre promover un derecho legítimo y orientar políticamente su ejercicio se vuelve, cuando menos, extremadamente delgada.
Todo esto comencé a denunciarlo en mi Blog el 20 de junio: “La ley de nietos, el censo electoral y la aritmética del poder: una operación con nombre propio”. https://ramondeisequilla.com/la-ley-de-nietos-el-censo-electoral-y-la-aritmetica-del-poder-una-operacion-con-nombre-propio/, continué haciéndolo el 23 de junio: “Algo sucede en Buenos Aires y no todos entienden qué”. https://ramondeisequilla.com/algo-sucede-en-buenos-aires-y-no-todos-entienden-que/ y finalmente insistí el 21 de julio: “El Censo que se fabrica”. https://ramondeisequilla.com/el-censo-que-se-fabrica/ algunos lo entendieron, otros me miraron con cara de vaca y otro me respondió “estamos trabajando el tema”, yo sólo continúo alertando “para que lado salta el gato” y que “el público se encargue del gato”.
