A las ocho de la mañana del sábado, cuando en la Puerta del Sol no había todavía ni una sola tienda de campaña, Manuel Llamas ya sabía lo que se avecinaba. En su programa La Trinchera de esRadio dedicó buena parte de la emisión al desahucio de Maricarmen, la mujer de 87 años y discapacidad reconocida del 50% desalojada tres días antes de su piso en el barrio de Retiro, y lanzó una frase que doce horas más tarde dejaría de ser una hipótesis para convertirse en fotografía: «Esto, amigos, es un nuevo 15 de mayo».
Llamas no discutía el drama personal de la anciana. Discutía su uso. Sostenía que el caso reunía «los ingredientes perfectos» —vulnerabilidad, vivienda, un propietario convertido en villano, PP, Vox y Ayuso como blanco secundario— para que Sumar, Podemos y el Sindicato de Inquilinas, fagocitados por el PSOE tras ocho años de gobierno, encontraran un símbolo con el que reconstruir capacidad de movilización antes del ciclo electoral. La comparación con 2011, cuando los comunistas capitalizaron los recortes de Zapatero, no era casual: era la tesis central de su editorial.
Doce horas después, la tesis tuvo cuerpo. La manifestación bajo el lema «Ni una Maricarmen más» salió de Sol hacia las 18:30, llegó al Congreso pasadas las 20:30 y reunió, según la Delegación del Gobierno, 25.000 personas; los organizadores hablaron de 300.000.
Terminada la marcha, el Sindicato de Inquilinas llamó a regresar a la plaza y acampar. Al cierre de la noche había ya más de un centenar de tiendas; esta mañana de domingo la cifra rozaba las 150, con varios centenares de personas instaladas de forma permanente frente a la Real Casa de Correos, sede de la Presidencia de la Comunidad de Madrid.
El paralelismo con el 15-M, quince años después, resultó demasiado evidente como para que nadie lo pasara por alto: de hecho, esa misma noche, medios de las más diversas orientaciones —desde Vozpópuli y El Debate hasta elDiario.es y El País— ya usaban la etiqueta sin que nadie tuviera que sugerírsela.
Conviene, sin embargo, no quedarse en la imagen y mirar el expediente. Según la reconstrucción que expuso Llamas, el contrato de renta antigua de la vivienda de Maricarmen lo firmó su padre en 1956, pasó a su madre y después a ella; la Ley de Arrendamientos Urbanos de 1994 —aprobada, subráyese, por un gobierno del PSOE— limitó a dos años la subrogación de los hijos salvo discapacidad igual o superior al 65%, umbral que Maricarmen no alcanza.
Su derecho se habría extinguido, por tanto, en 2007. Aun así, siguió pagando unos 500 euros mensuales —muy por debajo de los cerca de 3.000 euros de mercado en Retiro— hasta que la propietaria, Urbagestión, una pyme de menos de diez empleados dedicada sobre todo a locales de farmacia inició el litigio que el Tribunal Supremo terminó resolviendo a su favor.
Antes de la orden de desalojo, Maricarmen rechazó comprar el piso por 250.000 euros, rechazó un nuevo contrato a 1.650 euros mensuales y rechazó, ya con el desahucio en marcha, dos ofertas de plaza en residencia pública de la Comunidad de Madrid.
Ella misma ofrece una versión distinta: «Yo no dejo de pagar ni una sola renta (…) y ahora ellos lo quieren poner a la venta, y lo que no hay derecho es que el Gobierno de España lo esté permitiendo».
Las dos versiones —la suya y la del expediente judicial que citó Llamas— conviene dejarlas una junto a la otra, porque de su distancia se alimenta exactamente el relato que la izquierda del PSOE, SUMAR y Podemos necesitan.
Lo que sí es un hecho es la velocidad con la que el caso individual se transformó en programa político. El viernes, el Sindicato de Inquilinas ya había bautizado su pliego de exigencias como «decreto Maricarmen»: tope del alquiler al 40% de los ingresos del hogar, equiparación de los contratos de temporada y por habitaciones al régimen de vivienda habitual, prórrogas automáticas y sanciones a los grandes tenedores con pisos vacíos.
Sira Rego, ministra de Juventud e Infancia por Sumar, lo resumió sin matices: «No es legítimo desahuciar a una mujer de 87 años (…) hay fuerzas políticas que han decidido convertir la vivienda en un negocio».
Podemos se sumó con Irene Montero en la calle. Y el propio PSOE, consciente de que ocho años de gobierno no han mejorado el acceso a la vivienda, optó por subirse a la ola antes que combatirla: la ministra Isabel Rodríguez pidió comprensión por la «complejidad» y advirtió, en un giro curioso, contra quien «les diga que esto lo arregla» fácilmente —sin aclarar si se refería a la oposición o a sus propios socios de Gobierno.
El lema que el Sindicato difundió anoche, «O cae el rentismo, o cae el Gobierno», y los gritos registrados en la plaza —»¿Dónde está el Gobierno progresista?», «Ayuso culpable, Gobierno responsable»— muestran que el fenómeno ya no tiene un único destinatario.
Y hay un dato que Europa Press, agencia poco sospechosa de antigubernamental, publicó esta mañana y que merece subrayarse: fuentes de Moncloa consideran la protesta una «oportunidad» y un «debate ganador» para desplazar el eje de la conversación política. Si eso es así, la acampada no solo perjudica al Gobierno: también le sirve.
Y aquí es donde conviene detenerse en lo que me preocupa desde el sábado: que el espectáculo tape la corrupción. Los datos de estas 48 horas no muestran un apagón informativo, sino una segmentación editorial.
El mismo domingo en que Sol acaparaba portadas, el juez del caso Plus Ultra citó como investigadas a las hijas de José Luis Rodríguez Zapatero para el 30 de noviembre; Ceuta continúa generando cobertura casi dos meses después de que unas 70.000 personas cruzaran la frontera el 30 y 31 de julio, en un episodio que el Gobierno reconoce parcialmente pero se resiste a atribuir a una acción planificada por Marruecos —la hipótesis de guerra híbrida, apoyada por declaraciones como la de Javier Colomina, responsable español en la OTAN, sigue siendo eso, una hipótesis, igual que la especulación sobre Pegasus como explicación de la pasividad de Sánchez ante Rabat—; y las «cloacas» de Ferraz siguen dando titulares en El Debate, Libertad Digital, The Objective y esDiario.
Es decir: la corrupción sistémica no ha desaparecido del ecosistema informativo. Ocupa, eso sí, espacios muy distintos según la línea editorial de cada medio, y ahí radica el verdadero problema que señalo: no que se oculte, sino que compita en desventaja frente a una imagen —tiendas de campaña en el centro de Madrid— con más poder de fuego visual que una citación judicial.
El caso del ático de Isabel Díaz Ayuso ilustra bien esa asimetría, aunque con más matices de los que a primera vista parece. Es cierto que manifestantes que no lograron frenar el desahucio de Maricarmen se desplazaron a protestar frente al inmueble de 6,3 millones que la Comunidad de Madrid puso a la venta el pasado 16 de septiembre, «pese a que nada tiene que ver una cosa con la otra», como resume Llamas.
Pero también es cierto que la vivienda es, competencialmente, una materia mayoritariamente autonómica, lo que da a esa protesta frente a la Real Casa de Correos una lógica menos gratuita de lo que parece; y que el caso del ático no es una invención resucitada de la nada, sino un expediente con instrucción judicial abierta y con una admisión de la propia Ayuso, apenas el jueves pasado ante el PP de Madrid, de que la compra partió de su equipo y «no le pareció mal».
Que el repunte mediático coincida exactamente con el pico de la acampada y con la apertura de ofertas por el inmueble es un dato legítimo para sospechar de la sincronización; que el caso carezca de sustancia propia, no lo es.
Hay, para cerrar, un episodio menor en apariencia pero revelador del terreno en el que se libra toda esta batalla: mientras verificaba datos sobre la acampada con distintas plataformas de inteligencia artificial, le pregunté a Gemini, de forma neutra, por la situación en Sol a las 9:50 de esta mañana.
La respuesta llegó acompañada de una tarjeta de geolocalización que etiquetaba la Puerta del Sol como «Plaza del pueblo», una denominación que ningún madrileño reconoce y que ni el propio sistema fue capaz de sostener: interrogado al respecto, primero atribuyó la etiqueta a un uso popular «en contextos de protesta», después a un «error técnico de geolocalización», y finalmente admitió, tras varias preguntas, que se trataba de una denominación «políticamente sesgada» que no debía haber aparecido.
El episodio no demuestra una operación coordinada, pero sí confirma algo que conviene no perder de vista mientras el país discute quién controla el relato de Sol: la disputa por nombrar la realidad ya no se libra solo en los platós y las portadas, sino también en los algoritmos que millones de personas consultan creyendo que son neutrales.
España amaneció hoy con dos imágenes conviviendo en el mismo país y, por azar del calendario, en el Día Mundial del Turismo: las chabolas que persisten en Ceuta desde julio y las carpas que han vuelto a Sol quince años después de 2011. Sus causas nada tienen que ver entre sí. Pero ambas comparten la capacidad de convertir crisis políticas complejas en fotografías que cualquiera entiende sin necesidad de leer un solo expediente judicial.
El verdadero examen llegará el martes, cuando el Consejo de Ministros aborde el decreto que ya lleva el nombre de Maricarmen. Hasta entonces, la pregunta que planteaba Llamas el sábado por la mañana —si esto es efectivamente un nuevo 15 de mayo o solo su escenografía— sigue abierta. Y con ella, la que de verdad debería preocuparnos: cuánto del escrutinio que merecen las cloacas, Zapatero y Ceuta quedará finalmente sepultado bajo las tiendas de campaña.
Me parece justo compartir con ustedes la grabación que hice del programa de radio “La Trinchera” conducido por Manuel llamas:
Despierta España, que no te engañen. Populismo barato a cuenta de Mari Carmen
La política en general es populista por naturaleza, ya que en gran medida consiste en convencer al personal para que te apoye a base de promesas y manipulaciones de todo tipo. Cuando no mentiras y engaños en el peor de los casos. Y puesto San Baudilio, no hay mejor treta que tirar de moralina y sentimentalismo, dado que el hombre, por muy racional e inteligente que sea, suele ser esclavo de sus emociones.
Los políticos lo saben, especialmente los de izquierdas y por esa razón se afanan en buscar víctimas y mártires por doquier a fin de poder justificar sus ideas por muy erróneas, locas o perjudiciales que sean.
El último ejemplo de esta particular estrategia del embuste ha tenido lugar esta misma semana a cuenta de un desahucio, uno de los muchos, de los miles que se producen en España. Solo que en esta ocasión el desalojo en cuestión contaba con una serie de particularidades que lo hacían especialmente propicio para que el rojerío patrio pudiera montar el circo, que al fin y al cabo es de lo que se trata. Mari Carmen, una señora de 87 años con una discapacidad del 50% que vivía en el barrio de Retiro desde hace 70, fue desahuciada el pasado miércoles al cuarto intento, previa intervención policial y tras años de litigio. Después de que la empresa propietaria del inmueble le subiera el alquiler y no pudiera hacer frente al pago.
Esta es la versión de Mari Carmen: Yo no dejo de pagar, ni una sola renta y ellos compraron este piso al precio que yo lo hubiera comprado en 250 mil euros y ahora ellos lo quieren vender por 900 mil. Por eso me quiere poner a mí en la calle y lo que no hay derecho es que el Gobierno de España lo esté permitiendo.
El relato político a la vista está. Es muy simple y facilón. Un fondo buitre, es decir, un malvado especulador echa de su casa una anciana enferma para alquilar o vender el piso y forrarse. Y claro, siendo esto así, muchos pensarán que es una injusticia y por tanto algo intolerable, inadmisible. Empezando por el gobierno y su presidente.
A ver, yo creo que el desahucio de Mari Carmen de hoy es una tragedia social que no podemos aceptar. Ni como país, tampoco desde el punto de vista de las instituciones públicas.
Tragedia social, dice Sánchez. El mismo Sánchez que lleva ocho años gobernando. Pero es que además no gobierna en solitario. Esto otro dice sus socios, los comunistas de Sumar, por boca de Sira Rego, ministra de Juventud e Infancia: Y yo quiero decir algo muy claramente. Aquí hay responsabilidades. Distintas responsabilidades y hay que empezar a señalarlas. Uno de los problemas más graves que tiene nuestro país es la cuestión del acceso a la vivienda. En nuestro país hay fuerzas políticas que han decidido convertir la vivienda en un negocio, en un elemento de especulación. Y puede que sea legal, pero desde luego yo quiero decir claramente que no es legítimo. No es legítimo desahuciar a una mujer de 87 años, no lo es. Algo estamos haciendo mal como sociedad cuando no somos capaces de parar un desahucio de esta naturaleza. Cuando se está poniendo por delante del derecho de una mujer a tener una vivienda digna, el derecho a la propiedad de un fondo buitre y de los especuladores. No hay derecho.
No hay derecho, dice Rego. Se trata de un desalojo ilegítimo y encima es culpa del PP y de Vox, puesto que defienden a los propietarios y se niegan a prohibir los desahucios. Y claro, como es culpa del PP, los perroflautas que no lograron frenar el desahucio de Mari Carmen corrieron raudos y veloces a manifestarse delante del polémico ático que compró la Comunidad de Madrid para señalar a Ayuso, como siempre, pese a que nada tiene que ver una cosa con la otra. ¿ Pero qué más da?
Y todo ello orquestado muy hábilmente por el sindicato de inquilinas, que no es otra cosa que una plataforma zurda de propaganda política muy similar a la que en su día montó Ada Colau, ex alcaldesa de Barcelona. ¿Se acuerdan? Una pobre anciana, un fondo buitre, un desahucio injusto, PP, Vox y Ayuso. Los ingredientes perfectos para montar un buen sainete, un gran teatro cutre y maniqueo plagado de mentiras y medias verdades para lograr un objetivo político.
Veamos. La izquierda, como es habitual, ha vendido una milonga. A saber, que el desahucio de Mari Carmen se debería haber evitado a toda costa. Y es normal que muchos hayan caído en esta trampa para elefantes, dado que la señora da lástima por su avanzada edad y delicado estado de salud. Pero ojo, no se dejen engañar por este rebuscado y medido sentimentalismo simplista, porque lo cierto es que el desahucio en cuestión es legal, es justo y también es legítimo.
Para empezar, es importante recordar que Mari Carmen no era propietaria del piso. No era su casa. Por eso precisamente la han podido echar. Y además no era una inquilina normal. Sino una privilegiada. Ya que desde hace 70 años vivía en el centro de Madrid, en uno de los barrios más caros de España, pagando un alquiler ridículo de apenas 500 euros al mes, gracias a la renta antigua.
¿Y qué es la renta antigua? Pues un alquiler vitalicio aprobado en tiempos de Franco que, entre otras ventajas, apenas subía en comparación con la inflación. De modo que con el paso del tiempo se convertía en un alquiler muy barato, muy inferior al precio de mercado. Como resultado, los beneficiarios pudieron vivir en barrios céntricos como el de Mari Carmen, pagando alquileres de risa durante décadas. Pero a costa, eso sí, del propietario que perdía dinero a chorros. Tanto es así que, por culpa de la renta antigua, el mercado del alquiler prácticamente desapareció en España durante lustros. Puesto que no era rentable y supuso un grave deterioro de los edificios y viviendas afectadas, ya que en muchos casos las rentas no cubrían siquiera los costes de mantenimiento.
La cuestión es que el padre de Mari Carmen firmó un contrato de renta antigua en 1956 y como entonces la ley de Franco permitía que pasase a cónyuges e hijos mediante subrogación, tras la muerte del padre, se benefició la madre hasta que falleció en el año 2005.
Es ahí cuando surge el problema. Mari Carmen también se subrogó y siguió pagando renta antigua. En su caso las condiciones ya habían cambiado. El gobierno de Felipe González, del PSOE, acaba con la renta antigua en 1985 mediante el conocido decreto Boyer. Pero solo para los nuevos contratos. Es decir, a partir de ese año ya no se firman contratos vitalicios. Pero los antiguos siguieron igual. El cambio que afecta a Mari Carmen se produjo. En 1994, con la Ley de Arrendamientos Urbanos, aprobada también, adivinen, por el PSOE. Esa norma establecía que, una vez fallecidos los padres, los hijos solo podrían mantener la renta antigua durante 2 años, salvo que el hijo en cuestión tuviera una discapacidad del 65% como mínimo. Mari Carmen la tiene, pero del 50%. Así que, según la ley del PSOE, insisto. Su renta antigua se extinguió en el año 2007.
Aun así, la señora siguió pagando renta antigua durante años porque así lo quiso el dueño hasta que en el año 2018 Renta Corporación se hace con el edificio y le ofrece a Mari Carmen comprar el piso por 250.000 euros. Ella dice que no y al poco tiempo Urbagestión compra la vivienda y se convierte en la nueva propietaria.
Como la renta antigua se había extinguido hace años, la dueña da por concluido el contrato y empiezan los litigios. Los tribunales le dan la razón a la empresa y, según su versión, ofrece la empresa a Mari Carmen quedarse en la casa mientras busca alternativas e incluso le llega a ofrecer un nuevo contrato por 1650 EUR al mes, muy por debajo del precio de mercado.
Recuerden que estamos hablando del retiro, donde los alquileres rondan los 3000 euros al mes. Mari Carmen también lo rechaza alegando que no puede pagar porque cobra una pensión de 1500 y finalmente, tras agotar todos los recursos, el supremo ordena el desalojo.
Así pues, se trata de un desahucio legal conforme a una ley del PSOE, curiosamente y justo un desahucio justo tras una sentencia dictada con todas las garantías. Pero es que, además, también es un desahucio legítimo y lo es porque Mari Carmen tuvo muchas opciones antes de acabar así. Pudo ahorrar durante años o pedir una hipoteca para comprar casa ante el riesgo de que el chollo tarde o temprano se le acabase.
Pero no lo hizo y cuando le ofrecieron el piso por 250.000 euros lo rechazó. También pudo dejar la vivienda e irse a un barrio mucho más barato, como han hecho tantos autónomos y familias afectados igualmente por el fin de la renta antigua, sin necesidad de montar un espectáculo. Pero es que, además, ordenado ya el desahucio, Mari Carmen también rechazó durante años las diferentes alternativas que le ofrecieron desde la Comunidad y el Ayuntamiento de Madrid. Residencia pública incluida, saltándose las largas listas de espera. La señora finalmente vivirá con un familiar. El gobierno de Sánchez, por cierto, se quedó de brazos cruzados para variar.
Miguel Ángel García, portavoz del gobierno de Madrid, Comunidad Madrid le ha ofrecido en dos ocasiones una plaza pública de residencias de la Comunidad de Madrid. Me consta que los servicios sociales municipales han estado y van a estar permanentemente en contacto con ella y le van a ofrecer un recurso habitacional.
Por tanto, hay 2 administraciones: en este caso la Comunidad Madrid y el Ayuntamiento de Madrid, que han trabajado de manera conjunta para poder ayudar a esta mujer, mientras que tenemos a una ministra y al ministro, Óscar López, que no han hecho absolutamente nada más que faltar al respeto a los madrileños.
Y todo ello sin contar que la empresa propietaria no es ningún fondo buitre, sino una simple pyme dedicada a la comercialización de inmuebles, sobre todo locales de farmacias. Algo parecido a una inmobiliaria, siendo esta además su única vivienda en propiedad. La empresa en cuestión tiene menos de 10 empleados y un beneficio de apenas 3.000 euros en el año 2025.
En resumen, un desahucio legal, justo y legítimo. Todos somos iguales ante la ley, nadie está por encima de la ley. En eso consiste el Estado de Derecho. Y eso incluye también a Mari Carmen, por muy mayor que sea y por muchos años que haya vivido en una casa que no es suya, saltándose la ley a la torera. Negar esto supone negar la Constitución, el Estado de Derecho, la justicia y la democracia misma.
El caso de Mari Carmen recuerda y mucho al de otra referente de la izquierda, Juana Rivas, convertida en mártir del feminismo patrio, a pesar de que fue condenada por sustracción de menores. Ambas fueron muy mal asesoradas por abogadas y activistas. Fueron utilizadas hábilmente por el zurderío para sus particulares fines políticos. Y de eso a precisamente esta nueva campaña. Ni más, ni menos. A la izquierda le importa una higa Mari Carmen.
Ni el gobierno ni su farándula de actores, cantantes y periodistas millonarios han movido un dedo para ayudarla. Esta señora ha sido un peón, aunque voluntario, en manos desalmadas que se aprovechan de las desgracias ajenas para hacer política, como carroñeros. El objetivo en este caso no es otro que aprovechar la cercanía de las elecciones y la debilidad de Sánchez para tratar de resucitar una alternativa a la izquierda del PSOE.
De esto va la vaina. Sumar, Podemos y sus satélites de extrema izquierda, como el sindicato de inquilinas, han encontrado, Mari Carmen, un flotador al que agarrarse para movilizar los suyos a cuenta del grave problema de la vivienda que sufre España. No se engañen. Esto, amigos, es un nuevo 15 de mayo. Entonces en el año 2011 los comunistas tomaron como bandera los recortes de Zapatero para captar votos ante la proximidad de elecciones.
Hoy utilizan la crisis de la vivienda y el drama de los desahucios para intentar renacer de sus cenizas después de que el PSOE los haya fagocitado. Por eso, precisamente son los ministros de Sumar, Con Rego al frente, quienes capitalizan el caso Mari Carmen, exigiendo de nuevo la paralización de los desahucios e incluso la expropiación del polémico piso al más puro estilo chavista.
En el Consejo de Ministros, Real Decreto de Vivienda y por supuesto expropiación al fondo buitre de la casa de Mari Carmen. Ese es el objetivo. Estamos trabajando con este margen. Sumar lo hace desde el Consejo de Ministros y Podemos con su nueva candidata Irene Montero en la calle, enfrentándose a la policía con el grito: ‘No sabe usted quién soy yo. Soy eurodiputada.’
Todos ellos cargan contra el PP y Ayuso, sí, pero también contra Sánchez. El PSOE lo sabe y por eso ha reaccionado de inmediato defendiéndose de las críticas. Primero, dado que llevan 8 años gobernando y la vivienda cada vez está peor, y sumándose a la campaña antidesahucios después, a fin de esquivar el golpe de sus socios, Isabel Rodríguez, Ministra de Vivienda: Podríamos ir más rápido con situaciones complejas. Iríamos más rápido si nos acompañara el Parlamento. Si nos acompañaran comunidades autónomas. Si nos apoyamos en el sector privado. Por tanto, podemos hacer más cosas y más rápido, pero necesitamos de todos. Y quien aquí venga se siente con ustedes y le diga que esto lo arregla. Atención a los telespectadores les está engañando.
Esto es lo que hay, Amigos. En España, por desgracia, se gobierna a golpe de titular con engaños, manipulaciones y tirando de burdo sentimentalismo. La manada y la ley del solo sí es sí, que suelta violadores a la calle, Juana Rivas y las demenciales leyes de género que niegan la existencia de violencia vicaria, exonerando de toda culpa a las madres que manipulan a sus hijos en contra de los padres o el caso.
Como el que ahora nos ocupa de Mari Carmen, el pretexto que emplea ahora el rojerío para lanzar un nuevo y brutal ataque contra el sagrado derecho a la propiedad privada. Y esto, evidentemente, tiene consecuencias porque si el gobierno logra finalmente prohibir los desahucios con la excusa de salvar a Mari Carmen, millones de personas, especialmente los más jóvenes, seguirán condenadas a no encontrar piso nunca, jamás. Pero claro, ese drama poco o nada importa a la izquierda.
Populismo, amigos, populismo barato a cuenta de una anciana, Mari Carmen. Operación política y marco antidesahucios en torno al caso de renta antigua de Mari Carmen: conflicto legal, relato emocional y respuesta de gobierno.
