Hay momentos en que un acontecimiento político vale más que cien discursos porque obliga a cada uno a ocupar su verdadero lugar. Ceuta es uno de esos momentos.
Durante años se nos ha explicado que las fronteras son poco menos que una antigualla, que hablar de soberanía resulta sospechoso, que controlar la inmigración puede ser xenófobo y que ante cualquier crisis migratoria la primera obligación del Estado consiste en comprender a quien llega.
Ceuta ha llevado ese discurso hasta sus últimas consecuencias y al hacerlo lo ha desnudado, porque cuando decenas de miles de personas cruzaron desde Marruecos hacia territorio español, el problema dejó de ser teórico. Ya no se discutía en un plató de televisión, en una universidad o en el Congreso de los Diputados. Había una ciudad española que debía continuar funcionando.
Había familias. Comerciantes. Médicos. Enfermeras. Policías. Guardias civiles. Militares. Jueces. Niños que debían ir al colegio. Ancianos. Trabajadores, había, en definitiva, españoles que esperaban que el Estado hiciera aquello para lo cual existe un Estado: garantizar la frontera, la seguridad y el orden público.
Y comenzó la espera, pasaron los días, el presidente estaba de vacaciones, desde distintos ámbitos del Gobierno continuaban llegando mensajes tranquilizadores sobre Marruecos, presentado una y otra vez como socio estratégico y fiable, la respuesta diplomática parecía incapaz de corresponderse con la magnitud política de lo ocurrido.
Y Ceuta esperaba, una semana, dos, tres, casi un mes, hasta que sucedió lo inevitable: los ceutíes se cansaron de esperar.
Cuando el Estado se retira
Este es el verdadero problema político de Ceuta, no estamos discutiendo únicamente de inmigración. Estamos hablando de algo anterior y mucho más elemental: la función del Estado.
Cuando un ciudadano percibe que la frontera no funciona, que las fuerzas encargadas de protegerla tienen limitadas sus posibilidades de actuación, que personas instaladas irregularmente ocupan espacios públicos y que su vida cotidiana comienza a modificarse, espera una respuesta de las instituciones.
Cuando esa respuesta no llega, aparece primero la preocupación, después, el miedo, finalmente, la indignación, eso es lo que el Gobierno parece no comprender.
Los ceutíes no son analistas políticos contemplando desde Madrid una crisis migratoria, viven dentro de ella, son ellos quienes tienen que salir a la calle, son sus hijos quienes circulan por esas calles, son sus playas, sus barrios y sus instalaciones públicas.
Y cuando comenzó a hablarse incluso de destinar instalaciones comunitarias para alojar a quienes habían entrado irregularmente, la sensación de abandono adquirió otra dimensión.
El mensaje que muchos ciudadanos recibieron fue devastador: el Estado no consigue devolverles la normalidad, pero sí encuentra recursos para administrar la anormalidad, hay una diferencia enorme entre ambas cosas.
Una política humanitaria puede ser necesaria ante personas que se encuentran materialmente en territorio español. Pero convertir una emergencia en una nueva normalidad sin resolver previamente el problema que la originó significa pedirle a la población local que soporte indefinidamente las consecuencias de decisiones que no tomó.
Y entonces Ceuta estalló y de pronto el problema fueron los ceutíes. Aquí aparece la extraordinaria inversión política que estamos contemplando.
Mientras la población soportaba la situación, había que pedir paciencia, cuando protestó, comenzó a ser sospechosa y cuando algunos ciudadanos reaccionaron violentamente, conductas que naturalmente deben ser perseguidas individualmente cuando constituyan delito, apareció la palabra mágica de nuestro tiempo:
“Nazis”.
Irene Montero escribió: “Están yendo a Ceuta nazis de toda España armados con palos para salir a ‘cazar’ migrantes y la policía les deja hacer”. Y añadió que el Gobierno estaba transmitiendo el mensaje de que “los migrantes no son personas” y que “ser nazi está bien”.
El mecanismo político es extraordinariamente revelador, después de semanas discutiendo sobre una entrada masiva de personas, sobre la frontera española, sobre Marruecos, sobre la actuación del Gobierno y sobre la angustia de los habitantes de Ceuta, el foco se desplaza repentinamente hacia el ceutí.
El ciudadano que preguntaba “¿quién protege nuestra frontera?” termina teniendo que demostrar que no es racista. El ciudadano que preguntaba “¿cuándo recuperaremos nuestra ciudad?” termina teniendo que demostrar que no es nazi. El ciudadano que pedía seguridad termina convertido en sospechoso. El gobernado ocupa el banquillo mientras desaparece del debate la responsabilidad del gobernante.
De inmigrantes a turistas
Ione Belarra había proporcionado poco antes, como relatamos ayer, otra pieza extraordinariamente ilustrativa de este razonamiento.
Para relativizar la magnitud del problema recordó los millones de turistas que llegan cada año a España y los cientos de miles de refugiados ucranianos acogidos desde 2022. La comparación resulta políticamente fascinante porque borra precisamente aquello que constituye el problema.
Un turista entra por un puesto fronterizo con documentación y cumpliendo las normas establecidas por España, un refugiado ucraniano entra bajo un régimen jurídico de protección aprobado expresamente por los Estados europeos, quien atraviesa irregularmente una frontera se encuentra en una situación jurídica completamente diferente.
Todos son seres humanos y todos poseen dignidad, pero no todas las situaciones jurídicas son iguales, precisamente para eso existen las leyes, compararlas supone eliminar conceptualmente la frontera y si la frontera deja de distinguir entre quien entra conforme a las normas y quien entra al margen de ellas, deja de ser frontera. Ese es probablemente el fondo ideológico de todo el debate.
El mundo al revés
Ceuta nos deja entonces ante una curiosa secuencia: Quienes entran irregularmente son presentados ante todo como víctimas, Marruecos continúa siendo considerado un socio imprescindible. El Gobierno pide calma. Las fuerzas de seguridad deben actuar con enormes cautelas. Los militares soportan situaciones para las que difícilmente fueron concebidos. Los ceutíes deben tener paciencia.
Pero cuando los ceutíes pierden la paciencia, entonces aparece inmediatamente la autoridad del Estado.
La Policía que parecía contemplar impotente muchas situaciones recibe ahora una misión perfectamente reconocible: impedir que los ciudadanos desbordados hagan justicia por su mano y es correcto que lo haga, porque ningún ciudadano puede sustituir al Estado, pero precisamente ahí aparece la pregunta que el Gobierno debería hacerse:
¿qué ocurre cuando el Estado exige a sus ciudadanos que no ocupen su lugar después de haber dejado vacío ese lugar durante semanas?
Ese es el corazón del problema, una democracia no puede permitir linchamientos, persecuciones raciales ni venganzas colectivas, pero tampoco puede utilizar esos excesos para ocultar la causa política de una protesta mucho más amplia, confundir ambas cosas sería enormemente conveniente para quienes tienen responsabilidades de gobierno.
Los peligrosos son ahora los ceutíes
Y llegamos finalmente a la paradoja, España comenzó esta crisis preguntándose cómo decenas de miles de personas habían podido cruzar desde Marruecos, después se preguntó qué estaba haciendo Rabat, más tarde comenzó a preguntarse dónde alojar a quienes permanecían en Ceuta y finalmente parece preguntarse qué hacer con los ceutíes enfadados.
El círculo se ha cerrado, el problema ya no sería la frontera, ni Marruecos, ni la incapacidad diplomática, ni la imprevisión, ni la ausencia de una respuesta política proporcional a la gravedad de la situación.
El problema serían los ciudadanos que protestan, es una formidable inversión de responsabilidades y quizá por eso Ceuta resulta tan incómoda, porque ha obligado a llevar determinadas ideas hasta la realidad.
Es muy sencillo defender fronteras abiertas cuando las consecuencias se distribuyen abstractamente entre cuarenta y nueve millones de españoles, es mucho más difícil explicárselas a ochenta mil ciudadanos encerrados en unos pocos kilómetros cuadrados frente a Marruecos.
Es sencillo hablar de solidaridad desde Madrid, mucho más complicado es pedirle a una ciudad fronteriza que transforme indefinidamente su vida cotidiana en nombre de ella.
Y es sencillísimo llamar “racista” al que protesta, lo difícil es responder a su pregunta: ¿Quién me protege?
Ceuta ha dejado al descubierto una cuestión que trasciende completamente la inmigración, un Estado democrático tiene obligaciones hacia todo ser humano que se encuentre bajo su jurisdicción. Pero posee además una obligación política esencial hacia sus propios ciudadanos: protegerlos y hacer cumplir la ley.
No son principios incompatibles, la humanidad sin ley termina en desorden, la ley sin humanidad puede terminar en injusticia, el Estado existe precisamente para impedir ambas cosas.
En Ceuta, sin embargo, se ha producido algo mucho más peligroso: la sensación de que quienes deberían proteger al ciudadano han comenzado a explicarle por qué debe acostumbrarse a no estar protegido y cuando ese ciudadano protesta, aparece entonces la última transformación del relato: ya no es la víctima del abandono, ahora es el peligroso.
Ese es el verdadero significado político de Ceuta y por eso Ceuta desnuda el discurso del Gobierno y de quienes, desde fuera del Gobierno pero compartiendo buena parte de su marco ideológico, llevan años diciéndonos que las fronteras, la soberanía, la autoridad y el orden son conceptos sospechosos.
Hasta que llega el día en que alguien necesita desesperadamente que existan.
Ese día ha llegado en Ceuta.
