La “extrema izquierda española”, la única izquierda que queda luego de ocho años de comunismo caribeño quiere quemar las calles, el Partido Popular de Madrid responde con un comunicado explicando como convertir la vivienda en uno de los ejes de su proyecto de gobierno.
Bajo el lema de “volver a ser propietarios”, el documento plantea una política cuyo objetivo declarado es formar “una nueva generación de propietarios”, ante el proyecto de destrucción socialista propuestas de reconstrucción nacional.
Para lograrlo, el Partido Popular se compromete a construir un millón de viviendas durante la próxima legislatura. La premisa, repetida a lo largo del texto, es que la vivienda “no se crea con decretos ni con discursos: se construye”.
La primera palanca es el suelo y la burocracia. El PP propone poner en el mercado todo el suelo disponible, implicar a todas las administraciones y al conjunto del sector de la construcción, y acortar los plazos administrativos. La medida más llamativa en este terreno es la generalización del silencio administrativo positivo: si en noventa días la Administración no responde a una solicitud, la licencia se entenderá concedida. A ello se sumaría una Ley del Suelo, que figura entre las tres reformas que el partido promete abordar en sus primeros cien días de gobierno.
El segundo bloque se dirige a los menores de cuarenta años que adquieran su primera vivienda. Los avales públicos podrían cubrir hasta el cien por cien de la operación, y se contempla una rebaja del 60 % en el IVA y en el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales. El argumentario añade que los jóvenes podrían acceder a la compra “con cero impuestos” en el momento de la adquisición, con la posibilidad de aplazarlos mientras dure la hipoteca.
Completan el paquete unas bonificaciones fiscales durante los cuatro primeros años de cotización y la creación de la llamada Hucha Hogar Joven, una cuenta de ahorro para vivienda con ventajas tributarias. El propio documento ofrece un ejemplo: en una vivienda de 250.000 euros, el ahorro fiscal podría alcanzar los 25.000 euros y la financiación inicial necesaria se reduciría en 50.000.
En materia de alquiler, la propuesta parte de la idea de que proteger al propietario es la vía para proteger al inquilino. El PP plantea deducciones fiscales para los arrendadores y arrendatarios que prorroguen sus contratos hasta tres años con subidas inferiores al IPC. El propietario obtendría así una ventaja fiscal, y el inquilino, estabilidad y una renta que evolucione por debajo de la inflación. El argumentario rechaza enfrentar a unos con otros y sostiene que la solución pasa por que haya más viviendas disponibles para alquilar.
El tercer pilar es la defensa de la propiedad privada, con una Ley Antiokupación que se aprobaría en los primeros cien días y cuyo objetivo es el desalojo en cuarenta y ocho horas. Iría acompañada de una reforma de la Ley de Propiedad Horizontal para reforzar la capacidad de las comunidades de propietarios. El texto resume la filosofía con una fórmula contundente: “toda la protección para quien cumple” y “toda la firmeza frente a quien delinque”.
El documento se construye también por contraste con el modelo del Gobierno. Según el PP, limitar artificialmente los precios mientras se reduce la oferta resulta contraproducente, porque castigar al propietario lleva a muchos a retirar sus viviendas del mercado, la inseguridad jurídica disminuye la oferta y, con menos oferta, los precios suben.
Su fórmula es la contraria: más suelo, más vivienda, menos impuestos, menos burocracia y más seguridad jurídica.
Ese contraste refleja una divergencia real en el debate político. La ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, ha defendido de forma reiterada la intervención del mercado como respuesta a la crisis residencial, y ha recibido críticas tanto del PP como de Sumar, el socio minoritario del Ejecutivo. El Gobierno, arteramente, manifiesta que la mayoría de las competencias en vivienda recaen en comunidades autónomas y ayuntamientos, muchos de ellos gobernados por el PP.
El argumentario concluye con una promesa de calendario: no se trata, afirma, de compromisos “para dentro de cuatro años”, sino de reformas para los primeros cien días. Cierra con un lema de cuatro tiempos: menos burocracia, más vivienda, menos impuestos, más propietarios.
