Una ficción política
PRÓLOGO: Crónica de un derrumbe anunciado
Escribo esto como se escriben las crónicas: sin saber todavía cómo termina. No es un sueño del que pueda despertarme, ni una pesadilla que se disuelva con la luz de la mañana. Es un ejercicio de anticipación, la misma herramienta que la literatura política ha usado siempre que la realidad se volvía demasiado incómoda para nombrarla en primera persona.
Lo que sigue no ha ocurrido. Pero está construido con el único material del que se sirven las advertencias serias: fechas reconocibles, mecanismos que ya hemos visto funcionar en otra época y en otro país, y una pregunta que no deja de repetirse cada vez que un Gobierno prefiere administrar una derrota antes que impedirla. Francia lo vivió en 1940. Aquí imagino qué ocurriría si España, en un futuro inmediato, decidiera repetir el mismo gesto.
No habrá ironía posible en las páginas que siguen, ni una última frase que devuelva todo a la inocencia de un mal sueño. Si algo de lo que viene resulta incómodo, no es porque yo haya exagerado la ficción. Es porque la Historia, cuando decide repetirse, no suele pedir permiso.
PRIMERA PARTE: LA INVASIÓN SIN NOMBRE
CAPÍTULO I: El cruce
Ceuta cayó sin que nadie llegara a explicar del todo cómo. No hubo una declaración de guerra, ni un ejército visible cruzando la frontera bajo una bandera reconocible. Hubo, primero, oleadas humanas empujadas desde el otro lado de la valla con una coordinación que ningún funcionario quiso calificar de casualidad. Hubo drones sobrevolando los puestos fronterizos. Hubo apagones de telecomunicaciones exactamente en los minutos en que más falta hacían. Y hubo, sobre todo, una vacilación: la de un Gobierno que tardó horas en decidir si aquello merecía llamarse invasión o simple presión migratoria.
El Ejército estaba desplegado. La Guardia Civil estaba desplegada. Los medios técnicos existían. Lo que faltó fue la orden, y la orden faltó porque nadie en Madrid quería ser quien la firmara.
El presidente compareció aquella misma noche. Habló de serenidad, de responsabilidad, de evitar provocaciones. No dijo la palabra frontera. Tampoco dijo la palabra soberanía. Evitó, sobre todo, la palabra que empezaba a rondar los despachos: rendición.
Marruecos, mientras tanto, no reclamó nada. Ésa era la parte más inteligente de la operación: no había territorio que exigir formalmente, sólo un vacío de autoridad que rellenar poco a poco, sin que ningún tratado tuviera que romperse para hacerlo.
CAPÍTULO II: Melilla, la confirmación
Cincuenta y cinco días después, Melilla demostró que Ceuta no había sido un accidente. El procedimiento se repitió con las mismas piezas, sólo que perfeccionadas: rumores primero, concentraciones después, apagones de redes, y finalmente la entrada masiva a una hora calculada para que las cámaras de todo el mundo estuvieran ya despiertas.
Bruselas pidió moderación. París expresó preocupación. Berlín habló de solidaridad europea. Washington dijo seguir los acontecimientos con atención. Y España, una vez más, esperó.
Aquella palabra —esperar— se había convertido en la auténtica doctrina del Gobierno. Esperar instrucciones, esperar una salida diplomática, esperar que Bruselas se pronunciara, esperar que el tiempo resolviera lo que la decisión política se negaba a resolver. Pero las fronteras no esperan, y mientras Madrid esperaba, Melilla dejó de estar, en la práctica, bajo autoridad española.
Fue entonces cuando empecé a escribir, sin saber todavía que estaba escribiendo el primer capítulo de este libro, una frase que no dejaría de perseguirme: un Estado no desaparece cuando pierde sus armas. Desaparece cuando las conserva y pierde la voluntad de utilizarlas.
CAPÍTULO III: Canarias, la pinza
Nadie esperaba que el tercer golpe llegara por el Atlántico. Pero mientras la atención de España seguía fija en el Estrecho, Canarias empezó a sufrir una presión distinta: rutas migratorias desviadas deliberadamente hacia el archipiélago, buques que faltaban a sus escalas, una campaña internacional que presentaba a las islas como un enclave ingobernable e inseguro para la inversión y el turismo.
La presión no necesitaba desembarcos masivos. Le bastaba con asfixiar la economía de las islas y, al mismo tiempo, sugerir —siempre en foros internacionales, nunca en un comunicado oficial— que una administración compartida garantizaría estabilidad donde España ya no podía ofrecerla.
Cuando Ceuta, Melilla y Canarias quedaron, cada una a su manera, fuera del control efectivo de Madrid, algunos empezaron a hablar de mala suerte. Yo prefería llamarlo por su nombre: una pinza. Y las pinzas, cuando se cierran, sólo dejan un camino libre: el que conduce al centro.
SEGUNDA PARTE: EL ACUERDO
CAPÍTULO IV: Andalucía, la negociación
El cuarto golpe no llegó como invasión, sino como negociación. Algeciras, Tarifa, la costa de Cádiz, Almería: la presión se trasladó a la orilla andaluza mediante un catálogo que ya resultaba familiar. Presión migratoria. Bloqueos comerciales en el Estrecho. Incidentes marítimos sin responsable claro. Ataques informáticos a puertos y aeropuertos. Sabotajes puntuales. Desinformación masiva.
En los despachos empezó a repetirse una pregunta que contenía ya su propia respuesta: ¿estamos dispuestos a ir a una guerra por esto? Nadie la respondió en voz alta. No hizo falta.
Comenzaron entonces las negociaciones. Secretas al principio, europeas después, bilaterales finalmente. El Gobierno insistió, en cada rueda de prensa, en que jamás negociaría la soberanía española. Y en un sentido estrictamente literal, nunca lo hizo: se limitó a negociar todo lo demás.
CAPÍTULO V: La firma
El documento se llamó Acuerdo Mediterráneo de Estabilidad y Cooperación. Veintisiete páginas en las que no aparecía una sola vez la palabra cesión. Se hablaba, en cambio, de administración conjunta, de zonas de seguridad compartida, de movilidad regulada, de cooperación reforzada.
El presidente compareció con la bandera española detrás y la europea al lado. Rostro grave, voz pausada, la fórmula ensayada durante días: «Compatriotas, hemos evitado una guerra.» La frase recorrió España como recorre un país cualquier frase capaz de sustituir una derrota por un alivio.
Los mercados subieron. Bruselas felicitó a las partes. Y en la letra pequeña del acuerdo, sin que ningún titular lo resumiera así, quedó fijado el nuevo mapa: Ceuta y Melilla bajo administración conjunta permanente, Canarias sometida a un régimen especial de tutela económica y de seguridad, y la costa andaluza —de Almería a Cádiz— convertida en una zona de gestión compartida de la que sólo quedaba excluida, por accidente burocrático más que por voluntad de nadie, la provincia de Málaga.
CAPÍTULO VI: El mapa nuevo
España mantenía, según el Gobierno, su soberanía formal sobre todo el territorio. Naturalmente. Todas las capitulaciones modernas conservan formalmente algo. Pero cuando los españoles despertaron a la nueva normalidad, descubrieron un detalle incómodo: para entrar en una parte de su propio país necesitaban ahora una autorización que expedía, en la práctica, una comisión conjunta en la que Rabat tenía la última palabra.
El resto del país —la España que el acuerdo no mencionaba directamente, la España «libre»— siguió teniendo Parlamento, tribunales, elecciones convocadas en su fecha y banderas ondeando en los edificios oficiales. Sólo que ese Estado, con todas sus instituciones intactas, había dejado de ser el que decidía sobre buena parte de su propio litoral. Seguía llamándose España. Había dejado de gobernar para impedir la derrota. Gobernaba, ya, para administrarla.
TERCERA PARTE: MÁLAGA RESISTE
CAPÍTULO VII: La ciudad que dijo no
Málaga no se levantó en armas. Hizo algo mucho más incómodo para Madrid: se negó, con los instrumentos ordinarios de la administración local, a aplicar cualquier disposición derivada del Acuerdo Mediterráneo que no hubiera pasado antes por el Congreso de los Diputados.
El alcalde de la ciudad no pronunció un solo discurso incendiario. Se limitó a repetir, en cada rueda de prensa, un argumento jurídico tan sencillo que resultaba imposible de rebatir sin desmentir a la propia Constitución: ningún acuerdo internacional puede ceder de facto competencias sobre el territorio nacional sin la aprobación de las Cortes. Málaga, dijo, seguiría siendo España tal y como la entendía la ley, no tal y como la redefinía un comunicado de veintisiete páginas.
La respuesta del Gobierno fue calificarlo, sucesivamente, de irresponsable, de insolidario y de un problema de orden público. Pero ninguna de esas tres palabras cambiaba el hecho esencial: en la única ciudad de la costa que se había negado a firmar el nuevo mapa, la vida seguía exactamente igual que antes de la invasión.
CAPÍTULO VIII: El cerco
La presión sobre Málaga llegó por los canales que siempre usa el poder cuando no puede usar la fuerza abiertamente: recortes presupuestarios repentinos, inspecciones administrativas simultáneas en decenas de organismos municipales, una campaña mediática que presentaba a la ciudad como un foco de inestabilidad para la inversión y el turismo del resto de la región.
Los puertos vecinos, ya integrados en la zona de gestión conjunta, empezaron a desviar tráfico comercial que durante décadas había pasado por Málaga. Algunos lo llamaron competencia. Otros, con más precisión, lo llamaron asedio económico.
El alcalde respondió con la misma herramienta de siempre: la legalidad. Cada recorte fue recurrido. Cada inspección fue documentada. Cada acusación fue respondida con cifras, no con consignas. Y cuanto más se endurecía el cerco, más se convertía Málaga, casi sin proponérselo, en el argumento viviente de que negarse a capitular no era, después de todo, imposible.
CAPÍTULO IX: La chispa
Lo que ocurrió después no lo planificó nadie, y por eso mismo resultó imposible de controlar. Ayuntamientos de otras provincias empezaron a aprobar mociones —simbólicas al principio, jurídicamente relevantes después— adhiriéndose a la posición de Málaga. Colegios de abogados de media España emitieron informes coincidiendo en que el Acuerdo Mediterráneo vulneraba el procedimiento constitucional para cualquier cesión de soberanía.
Empezaron a aparecer banderas españolas en los balcones. No contra ningún gobierno autonómico, ni contra ningún vecino: contra la idea, cada vez más extendida, de que la resignación era la única política posible. Su significado era mucho más elemental que cualquier consigna. Seguimos aquí.
El Gobierno respondió endureciendo el tono de sus decretos. Primero llegaron restricciones a determinadas manifestaciones, presentadas como provisionales. Después, controles reforzados sobre medios considerados alarmistas, también provisionales. España empezó a llenarse de medidas provisionales, hasta que resultó evidente que sólo había una cosa que no tenía intención de ser provisional: el propio Gobierno.
CUARTA PARTE: ESPAÑA LIBRE
CAPÍTULO X: La voz
La primera transmisión llegó a las 22:17 de una noche cualquiera. Durante unos segundos, las señales de televisión y radio convencionales se interrumpieron. Después apareció una pantalla negra, una bandera española, y una voz que no se identificó.
—Españoles: ninguna autoridad tiene derecho a disponer de aquello que pertenece a todos los españoles.
La transmisión duró tres minutos. El Gobierno la calificó, en un comunicado nocturno, de irresponsable. Al día siguiente, de antidemocrática. A los dos días, de directamente peligrosa para la seguridad del Estado.
Pero volvió. Y la tercera vez, millones de personas ya la estaban esperando delante de sus pantallas.
—España no ha terminado.
Cuatro palabras. Nada más. Y, sin embargo, en las semanas siguientes esas cuatro palabras aparecieron pintadas en más muros de los que ningún ministerio del Interior fue capaz de contar.
CAPÍTULO XI: El gallego
Durante semanas nadie supo desde dónde emitía aquella voz. Se habló de Asturias, de Portugal, de Canarias —lo que resultaba irónico, dado lo que ya ocurría allí—, incluso de Bruselas y de Londres. La verdad, cuando finalmente se abrió paso, resultó más modesta y por eso mismo más creíble: la señal procedía de Galicia.
El hombre detrás de la voz no era militar. No llevaba uniforme. No tenía a su disposición un solo cuartel. Era, según las primeras informaciones que circularon, un civil con una larga trayectoria institucional, alguien que llevaba años fuera de la primera línea de la política de partido y que, precisamente por eso, resultaba difícil de descalificar como interesado.
La resistencia que se articuló alrededor de aquella voz no empuñó armas. Utilizó instrumentos mucho más sencillos y, a la larga, mucho más difíciles de neutralizar: ayuntamientos que recurrían disposiciones, jueces que exigían respeto a sus competencias, funcionarios que pedían órdenes por escrito antes de ejecutarlas, periodistas que volvían a hacer la pregunta incómoda en cada rueda de prensa.
CAPÍTULO XII: El nombre
La última transmisión, la que cambió definitivamente el curso de esta crónica, llevaba por fin imagen. Un hombre apareció ante la cámara con traje oscuro y camisa blanca, sin ninguna bandera de partido detrás, únicamente la bandera de España y la de Europa.
No gritó. No llamó a ninguna insurrección. No pidió tomar ningún ministerio. Habló de Constitución, de elecciones libres, de la necesidad de devolver a las Cortes cualquier decisión que afectara a la integridad del territorio nacional, y de una idea que repitió más de una vez porque sabía que era la única que de verdad importaba: ninguna situación excepcional puede convertirse, por la vía de los hechos, en un régimen permanente.
El rótulo que apareció debajo de su imagen confirmó lo que media España empezaba ya a sospechar.
ALBERTO NÚÑEZ FEIJÓO.
No hizo falta que se proclamara líder de nada. En las semanas siguientes fueron los ayuntamientos rebeldes, los colegios profesionales, las plataformas ciudadanas y, finalmente, un número creciente de diputados de distintos grupos los que empezaron a citarlo como referencia de un mismo objetivo: exigir que el Acuerdo Mediterráneo pasara, como exigía la ley desde el primer día, por la soberanía nacional representada en el Parlamento.
Ceuta. Melilla. Canarias. La costa andaluza. Málaga resistiendo. La voz gallega. Ninguno de esos nombres era ficticio en el mapa de España. Lo único hipotético, por ahora, era la secuencia que los unía.
EPÍLOGO
Nada de lo anterior ha ocurrido. Escribo esto en presente porque es la única manera honesta de escribir sobre un futuro que todavía se puede evitar.
La historia de Francia en 1940 no se repite nunca de manera idéntica, y sería una simplificación decir que España de hoy es la Francia de entonces. Pero hay un mecanismo, no una fecha ni un nombre, que sí puede repetirse en cualquier época y en cualquier país: una democracia puede conservar el Parlamento, los tribunales, las banderas y hasta las elecciones, mientras va renunciando, decreto provisional tras decreto provisional, a las decisiones que justificaban su existencia.
Un Estado no desaparece cuando pierde sus armas. Desaparece cuando las conserva y pierde la voluntad de utilizarlas.
Esa es la única advertencia que quería dejar escrita. El resto —los nombres propios que el lector habrá reconocido en estas páginas— no son un pronóstico ni una acusación. Son la forma más antigua que tiene la literatura política de preguntar, sin rodeos, si estamos dispuestos a dejar que la comodidad de la palabra correcta sustituya, una vez más, a la decisión que hace falta tomar.
FIN
