Buenos dias, necesito que busques en el BOE y en las informaciones periodíasticas de lo resuelto en el consejo de ministros del 28 de julio de 2026
Buenos días. Sí. He revisado la referencia oficial del Consejo de Ministros del 28 de julio de 2026, las primeras disposiciones publicadas en el BOE de los días 29-30, y la cobertura periodística aparecida desde el martes. Es un Consejo de Ministros bastante más cargado de lo que transmitió inicialmente la rueda de prensa.
Conviene distinguir tres niveles: lo aprobado por el Consejo, lo que ya ha aparecido jurídicamente formalizado en el BOE, y los asuntos que han adquirido relevancia política en la prensa.
Lo más importante de lo aprobado
El documento oficial de La Moncloa contiene decenas de acuerdos. Entre los de mayor trascendencia destacaría:
- Reforma integral de la legislación contra el blanqueo de capitales, mediante un anteproyecto de ley que crea una nueva Autoridad Nacional de Integridad Financiera (ANIFI), que absorbería funciones actualmente repartidas entre SEPBLAC y otros organismos. Es una reforma importante del sistema de supervisión financiera español.
- Reforma del Estatuto de los Trabajadores para reforzar la protección de quienes informen sobre infracciones normativas y corrupción. Por ahora es un anteproyecto.
- Planes extraordinarios de empleo: 50 millones de euros para Andalucía, 45 millones para Canarias y 15 millones para Extremadura. En total, 110 millones de euros.
- Una batería importante de decisiones sobre el sistema eléctrico, incluyendo regulación de los planes de inversión de las redes de transporte y distribución, modificación de la planificación eléctrica 2021-2026 y declaración de determinadas instalaciones renovables y de almacenamiento como estratégicas.
- Declaración como zonas afectadas gravemente por una emergencia de protección civil de los territorios afectados por emergencias entre el 31 de marzo y el 27 de julio. La información posterior cifra en 211 zonas, de las cuales 187 corresponden a incendios forestales.
- Modificación de las condiciones de jubilación anticipada de personas con discapacidad igual o superior al 45 %.
- Determinación de la sede física de la nueva Agencia Estatal de Salud Pública y creación del Panel Científico de Acción frente al Cambio Climático.
- Autorización de 55 millones de euros para la infraestructura IMPaCT de medicina de precisión.
- En Turismo, aprobación de un plan de choque para renovación de equipamiento del sector de la hostelería, además de aportaciones españolas a la OCDE en materia turística y a la European Travel Commission.
- Importante paquete de inversiones en infraestructuras: actuaciones portuarias en Valencia, Barcelona, Granadilla y Las Palmas, Cercanías de Madrid, A-7, etc. Sólo varios de los grandes contratos portuarios superan conjuntamente los 240 millones de euros.
- Autorización de las obras de urbanización de las fases 1 y 2 de la Operación Campamento de Madrid, además de la tramitación urgente de ayudas para alojamientos universitarios y vivienda de alquiler asequible.
- Modificación de la inversión pública en Openchip & Software Technologies, manteniendo una aportación máxima de 115,77 millones de euros y hasta el 39,99 % del capital.
- Se aprobaron además varios nombramientos relevantes: nuevo director general del Tesoro, nueva presidenta del FROB y nuevos embajadores en Letonia, Panamá, Serbia y Ucrania.
La relación oficial completa es bastante extensa y puede consultarse aquí:
Referencia oficial del Consejo de Ministros del 28 de julio de 2026
Pero hay un asunto políticamente mucho más interesante: los indultos
Aquí aparece algo llamativo. El Consejo aprobó cinco indultos parciales, cuestión que ha recibido bastante atención periodística.
El más relevante es el de Laura Borràs, expresidenta del Parlament y antigua dirigente de Junts. Su pena de 4 años, 6 meses y 1 día de prisión se conmuta por dos años, mientras que se mantiene la multa y la inhabilitación. El Real Decreto 670/2026 establece además como condición que no cometa delito doloso durante cinco años.
El BOE ya lo ha formalizado:
Real Decreto 670/2026 — indulto de Laura Borràs en el BOE
Junto a Borràs fueron indultados parcialmente Natalio Grueso, el exalcalde socialista de Linares Juan Fernández Gutiérrez, y otras dos personas condenadas por delitos contra la salud pública.
En el caso de Juan Fernández, condenado por malversación, la pena de tres años de prisión se reduce a dos, manteniéndose la inhabilitación de siete años.
La prensa ha puesto especialmente el foco en Borràs. El País señala que el Gobierno ha seguido en este punto la propuesta del propio Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, que había considerado excesiva la pena de prisión; al mismo tiempo, la Fiscalía se había opuesto al indulto.
Un detalle que me parece importante
Hay una diferencia significativa entre la agenda comunicativa del Gobierno y el contenido jurídico-político efectivo del Consejo.
La rueda de prensa posterior estuvo centrada fundamentalmente en los incendios, las ayudas y determinadas medidas económicas. Sin embargo, la relación completa contiene cuestiones de bastante mayor recorrido: reforma del sistema antiblanqueo, modificación del Estatuto de los Trabajadores, cambios regulatorios energéticos, inversiones públicas importantes, vivienda, reorganizaciones administrativas y los cinco indultos.
Y el BOE posterior es esencial, porque permite separar los anuncios políticos de las decisiones que ya han adquirido forma jurídica. Por ejemplo, el indulto de Borràs ya está formalizado mediante Real Decreto de 28 de julio.
Hay además otras normas emanadas de las decisiones del día 28 que ya empiezan a aparecer en el BOE, como modificaciones de la estructura ministerial.
Creo que merece la pena hacer una segunda pasada más minuciosa, porque sospecho que lo que usted busca no es simplemente el listado administrativo sino detectar las decisiones políticamente sensibles que pudieron quedar ocultas detrás del enorme volumen de acuerdos del último Consejo antes de agosto. Los indultos son el ejemplo más evidente.
Puedo revisar uno por uno los acuerdos del 28 de julio, contrastarlos con el BOE del 29 y 30 y con El País, El Mundo, ABC, La Vanguardia, Europa Press, EFE, El Confidencial, etc., y preparar una tabla: “qué aprobó / qué significa / beneficiario / importe / repercusión política / tratamiento que le dio la prensa”. Creo que ahí pueden aparecer cosas bastante interesantes.
Ha pensado durante 40s
Sí. Después de revisar con más detalle la referencia oficial completa del Consejo de Ministros del 28 de julio, el BOE inmediatamente posterior y la prensa, la impresión es bastante clara: fue un Consejo extraordinariamente denso y hay varias decisiones que merecen más atención de la que recibieron.
No equipararía todas las medidas. Algunas son simple gestión administrativa; otras tienen consecuencias políticas, presupuestarias o institucionales importantes.
- El indulto a Laura Borràs: la decisión políticamente más sensible
El Consejo concedió cinco indultos parciales. Entre ellos está el de Laura Borràs, expresidenta del Parlament y dirigente de Junts. El BOE del 29 de julio publica los cinco Reales Decretos, números 666 a 670/2026.
En el caso de Borràs, se reduce la pena de prisión de 4 años, 6 meses y un día a 2 años, pero se mantienen multa e inhabilitación. El Gobierno argumenta que sigue la recomendación del propio Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, que consideró desproporcionada la pena de prisión.
La lectura política es inevitable porque afecta a una figura relevante de Junts, partido cuyo apoyo continúa siendo importante para la estabilidad parlamentaria del Gobierno. El PP catalán lo calificó inmediatamente como un «primer pago a Junts» de cara a los Presupuestos, mientras Junts respondió que el indulto no reparaba la supuesta injusticia sufrida por Borràs.
Pero hay que ser rigurosos: el hecho político existe; demostrar que el indulto sea una contraprestación pactada exige pruebas que de momento no aparecen en la documentación oficial.
- Una cuestión probablemente más importante a largo plazo: la Ley Orgánica de Integridad Pública
El Consejo aprobó ya como Proyecto de Ley Orgánica la denominada Ley de Integridad Pública. Esto significa que ha superado la fase de anteproyecto y pasa a las Cortes.
Forma parte del paquete gubernamental anticorrupción y aborda reformas institucionales, penales y administrativas. La Moncloa afirma que dispone de dictamen favorable del Consejo de Estado y que incorporó observaciones del CGPJ y del Consejo Fiscal.
Es particularmente interesante porque coincide con otro anteproyecto aprobado ese mismo día para proteger laboralmente a quienes denuncien infracciones o corrupción en sus empresas.
Aquí veo una línea política bastante clara: el Gobierno está intentando presentar el tramo final de legislatura bajo el concepto de «integridad y lucha contra la corrupción». Eso puede adquirir bastante importancia política en los próximos meses.
- Una enorme reorganización del control del dinero: nace ANIFI
Éste es probablemente uno de los acuerdos menos conocidos y, sin embargo, institucionalmente más importantes.
El Gobierno aprobó el anteproyecto de reforma integral de la normativa contra el blanqueo de capitales. Su pieza central es la creación de una nueva Autoridad Nacional de Integridad Financiera —ANIFI—.
La nueva autoridad absorberá competencias actualmente repartidas entre el SEPBLAC y la Secretaría de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales. Tendrá funciones de inteligencia financiera, supervisión, inspección, potestad sancionadora y control de sanciones financieras internacionales.
No estamos hablando, por tanto, de una simple modificación técnica: se pretende concentrar en una nueva autoridad administrativa independiente un importante volumen de poder de investigación y supervisión financiera.
Ésta es una reforma que yo seguiría de cerca durante su tramitación parlamentaria: cómo se designan sus responsables, qué grado real de independencia tendrán y cuáles serán sus relaciones con Hacienda, Justicia, Interior y Fiscalía.
- Fondos europeos: la «adenda de cierre» merece mucha atención
El Consejo aprobó la adenda final del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.
El Gobierno modifica la formulación de nada menos que 121 hitos y objetivos y 101 medidas, alegando que pretende facilitar su evaluación por la Comisión Europea y reducir cargas administrativas.
La fecha explica la urgencia: España se aproxima a la fase definitiva de ejecución y certificación de los fondos europeos.
Esto merece seguimiento específico porque detrás de la expresión aparentemente inocua «mejorar la redacción» puede haber cambios relevantes en qué compromisos tiene realmente España que demostrar ante Bruselas para poder cobrar definitivamente los fondos.
No significa necesariamente que se estén rebajando objetivos, pero convendría comparar la versión antigua y la nueva de esos 121 hitos. Ahí puede haber bastante materia.
- Compromisos de gasto futuro: uno de los aspectos menos visibles
El Consejo contiene una cantidad extraordinaria de autorizaciones para comprometer gasto de ejercicios futuros.
Es jurídicamente normal, pero políticamente tiene interés porque el Gobierno está entrando en el último tramo de legislatura y está dejando comprometidas cantidades que deberán atender presupuestos posteriores.
Por ejemplo, se reajustan tres convenios con la Generalitat de Cataluña:
- AP-2 y AP-7: 250 millones de euros.
- Eje Pirenaico N-260: 260 millones.
- Ronda Nord de Terrassa-Sabadell-Castellar: 200 millones.
Es decir, hablamos de actuaciones por 710 millones de euros, financiadas íntegramente por el Estado, aunque los convenios son anteriores y lo aprobado el día 28 es fundamentalmente una reprogramación de anualidades, no 710 millones nuevos. Esta distinción es importante.
- Defensa: aparece discretamente el NASAMS
Entre los asuntos de Hacienda figura una autorización para modificar límites de gasto futuros para permitir la reprogramación de diversos programas especiales de modernización del Ministerio de Defensa y el incremento de límites del programa NASAMS.
NASAMS es el sistema de defensa antiaérea utilizado por España y por varios países de la OTAN.
No aparece como uno de los grandes anuncios políticos del Consejo, pero sí confirma otra tendencia que estamos observando: compromisos militares plurianuales que van consolidando gasto futuro en Defensa, incluso sin necesidad de hacerlo mediante una única gran partida presupuestaria.
- Grandes contratos que prácticamente no salieron en los titulares
Hay dos particularmente llamativos por su magnitud:
604,8 millones de euros de valor estimado máximo para el contrato centralizado de agencias de viajes de la Administración del Estado.
Y otros 369,6 millones para servicios postales de notificaciones administrativas y judiciales.
Aquí conviene no caer en la simplificación: valor estimado del contrato no equivale necesariamente a dinero que vaya a gastarse íntegramente, y normalmente comprende varios años, posibles prórrogas, etc.
Pero juntos estamos hablando de contratos cuyo valor máximo ronda 974 millones de euros. Es sorprendente que semejantes cifras apenas tengan repercusión informativa.
- Seguridad Interior: gastos que anticipan prioridades para 2027-2028
Otra decisión poco comentada autoriza a Interior a elevar los límites de gasto futuro para diversos proyectos.
Entre las nuevas necesidades aparecen:
- construcción en el Centro Tecnológico de Seguridad de El Pardo;
- sistema de firma cualificada remota vinculado al DNI;
- 30 antenas fijas de detección antidrones;
- Plan de Seguridad del Campo de Gibraltar 2027.
Las nuevas necesidades ascienden aproximadamente a 17,38 millones en 2027 y 9,58 millones en 2028, que se añaden a compromisos ya adquiridos.
Es un indicio interesante de hacia dónde se está desplazando parte de la inversión de seguridad: drones, tecnología, identidad digital y lucha contra narcotráfico/crimen organizado.
- Electricidad: 615 millones y un cambio regulatorio profundo
El Consejo aprobó la tercera modificación del Plan de Desarrollo de la Red de Transporte 2021-2026. Las nuevas actuaciones suponen alrededor de 615 millones de euros de inversión, según la información difundida por el Gobierno.
Al mismo tiempo se aprobó un nuevo Real Decreto sobre los planes de inversión de las redes de transporte y distribución y se otorgó la condición de «instalaciones energéticas estratégicas» a determinados proyectos renovables y de almacenamiento en los llamados nudos de transición justa.
Esto les proporciona una tramitación administrativa prioritaria y urgente.
Es bastante más trascendente que una simple subvención energética: afecta al modelo futuro de la red eléctrica española y a qué proyectos consiguen prioridad administrativa.
- Incendios: aquí sí hubo medidas materiales, no sólo declaraciones
La parte mediáticamente dominante fueron los incendios.
Se declararon zonas afectadas gravemente por una emergencia de protección civil correspondientes a 211 episodios en catorce comunidades autónomas.
Además se aprobó un Real Decreto-ley laboral y social que, entre otras cosas, permite una prestación extraordinaria para trabajadores afectados: 70 % de la base reguladora hasta cuatro meses, sin exigir cotización mínima y sin consumir el paro previamente acumulado.
También se suspendieron determinados plazos procesales del 27 al 31 de julio en partidos judiciales afectados por los incendios.
Por tanto, ésta sí fue una respuesta normativa importante y no meramente declarativa.
- Y algo que NO se aprobó: el decreto de vivienda
Este detalle me parece políticamente significativo.
El Gobierno tenía previsto aprobar un Real Decreto-ley en materia de vivienda, pero finalmente lo retiró y lo pospuso hasta septiembre porque no tenía garantizados los votos necesarios para su convalidación en el Congreso.
Esto contradice parcialmente la imagen que intenta transmitir el Ejecutivo de una legislatura plenamente operativa: puede aprobar muchas cosas administrativamente, pero cuando necesita mayoría parlamentaria para convalidar un decreto-ley, la aritmética sigue siendo extremadamente frágil.
- Lo que revela el BOE del día siguiente
El BOE del 29 de julio ya formalizó una parte del paquete: reorganización administrativa, nombramientos diplomáticos, los cinco indultos, nacionalidad por carta de naturaleza y la sede de la Agencia Estatal de Salud Pública, entre otras decisiones.
Pero esto es importante: no todo lo aprobado el día 28 aparece necesariamente en el BOE al día siguiente. Los anteproyectos y proyectos de ley siguen su tramitación; muchos acuerdos administrativos tampoco se publican como una norma general, y algunos Reales Decretos pueden aparecer posteriormente.
Por eso no conviene identificar «lo publicado en el BOE el 29» con «todo lo aprobado el 28».
Mi conclusión provisional
Después de esta segunda revisión, yo concentraría la atención en seis cuestiones, por este orden:
- Indulto de Laura Borràs, por su potencial relación política con Junts.
- Modificación de 121 hitos y 101 medidas del Plan de Recuperación, porque afecta al cierre de los fondos europeos.
- Ley Orgánica de Integridad Pública, por su impacto político e institucional.
- Creación de ANIFI, porque concentra enormes competencias de supervisión financiera.
- Compromisos plurianuales de gasto, especialmente Cataluña, Defensa, Interior y grandes contratos centralizados.
- Fracaso en aprobar el decreto de vivienda, porque muestra los límites parlamentarios reales del Gobierno.
Y añadiría una observación: no encuentro por ahora evidencia de una gran medida deliberadamente “escondida” en sentido jurídico, pero sí un procedimiento muy habitual y políticamente eficaz: un Consejo de Ministros gigantesco, celebrado en plena crisis de incendios y a finales de julio, en el que decisiones enormemente relevantes quedan enterradas entre decenas de acuerdos administrativos.
Creo que el punto que ahora merece una investigación separada es la adenda de cierre de los fondos europeos. Que el Gobierno modifique de una vez 121 hitos y 101 medidas cuando se acerca el cierre del Plan me parece, potencialmente, bastante más importante que muchos de los asuntos que ocuparon las portadas. Ahí analizaría exactamente qué compromisos se cambian, cuáles se eliminan, cuáles se rebajan o reformulan y cuánto dinero europeo está asociado a ellos.
hoy 15:51
Por favor desarrolla las 6 cuestiones, en especial la adenda de cierre de los fondos europeos
De acuerdo. Voy a desarrollarlas como un pequeño informe de investigación, dando prioridad a la adenda europea: qué se modifica respecto del plan anterior, qué hitos quedan afectados, cuantías comprometidas y qué consecuencias puede tener frente a Bruselas. Separaré claramente hechos documentados de interpretación política.
adelante
Ha pensado durante 33s
He profundizado las seis cuestiones y, sobre todo, la Adenda de Cierre del Plan de Recuperación. La conclusión principal es que este último asunto merece efectivamente una atención especial: el Gobierno lo presenta como una modificación esencialmente técnica, pero llega cuando faltan apenas semanas para el cierre efectivo del mecanismo europeo y cuando España todavía tiene pendiente su séptimo y último desembolso, del orden de 25.000 millones de euros.
- La Adenda de Cierre: qué está ocurriendo realmente
El Consejo de Ministros del 28 de julio aprobó una nueva modificación del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. La documentación oficial dice expresamente que se modifican:
- 121 hitos y objetivos.
- 101 medidas.
- Los mecanismos de verificación de determinados compromisos.
- Los tres hitos que quedaron pendientes en el sexto desembolso.
- Y nuevamente el paquete de préstamos europeos.
Estamos hablando, por tanto, de 222 elementos del Plan afectados de una forma u otra, aunque sería incorrecto sumar mecánicamente ambas categorías como si fueran 222 compromisos distintos, porque una misma medida puede contener varios hitos u objetivos.
El argumento oficial
Economía afirma que no se cambia la «sustancia» de las reformas e inversiones. Según el Ministerio, se pretende:
facilitar la verificación por la Comisión, eliminar cargas administrativas y dar mayor seguridad jurídica.
La justificación no es absurda. El Mecanismo de Recuperación no paga simplemente por haber gastado dinero: Bruselas paga cuando considera satisfactoriamente cumplidos unos hitos y objetivos previamente acordados. De ahí que la definición exacta de qué documentación demuestra el cumplimiento sea decisiva.
Pero aquí empieza la cuestión interesante.
El reloj está prácticamente agotado
Las actuaciones comprometidas tienen que estar materialmente ejecutadas antes del 31 de agosto de 2026 y la solicitud final de pago debe presentarse antes del 30 de septiembre.
El Gobierno aprueba la adenda el 28 de julio.
Es decir: España modifica los criterios de evaluación de más de cien hitos 34 días antes del límite de ejecución.
Ese dato, por sí solo, merece atención.
No prueba ninguna irregularidad. Pero sí demuestra que estamos ante una operación destinada a salvar el máximo posible del último desembolso, no ante una mera limpieza editorial del documento.
- El séptimo pago: alrededor de 25.000 millones en juego
Ésta es probablemente la clave de toda la operación.
España todavía tiene pendiente solicitar el séptimo y último desembolso. Las cifras que manejaba Economía a comienzos de julio eran aproximadamente:
21.000 millones en subvenciones + 5.600 millones en préstamos, aunque las cantidades definitivas pueden cambiar con la propia revisión del Plan.
Estamos hablando, por tanto, de uno de los mayores pagos de todo el Plan.
Esto cambia considerablemente la lectura de la adenda. La cuestión deja de ser:
«¿Por qué modifica el Gobierno 121 hitos?»
y pasa a ser:
«¿Qué tiene que modificar España para lograr que Bruselas considere cumplidos suficientes compromisos como para liberar esos aproximadamente 25.000 millones?»
Ésa es, para mí, la pregunta correcta.
- Ya existe un precedente inmediato: Bruselas retuvo 537 millones
El sexto desembolso es ilustrativo.
España solicitó el pago correspondiente y Bruselas consideró cumplidos 73 hitos y objetivos, pero dejó fuera tres objetivos. El desembolso aprobado fue de 7.021 millones de euros brutos, de ellos 5.970 millones en transferencias y 1.051 millones en préstamos.
Los tres objetivos que no superaron inicialmente la evaluación corresponden a:
- formación profesional bilingüe;
- servicios de teleasistencia;
- proyectos para colectivos vulnerables, emprendedores y microempresas.
La consecuencia fue una retención de aproximadamente 537 millones de euros.
Y ahora viene el punto verdaderamente interesante:
esos tres objetivos son incorporados a la Adenda de Cierre y reformulados.
El propio Ministerio de Economía reconoce que se modifican para precisar los mecanismos de verificación y poder incorporarlos a la solicitud del séptimo desembolso.
Por tanto, en estos tres casos concretos sabemos exactamente para qué sirve la modificación:
convertir objetivos que Bruselas no había considerado suficientemente acreditados en objetivos susceptibles de obtener una evaluación positiva.
Eso no equivale a falsearlos. La Comisión tiene que aceptar el cambio. Pero muestra perfectamente la finalidad práctica de la adenda.
- El antecedente de diciembre de 2025 es todavía más importante
La adenda del 28 de julio no aparece de la nada.
A finales de 2025 España ya realizó una importante revisión del Plan. Aquella modificación fue bastante más profunda.
La prensa económica informó entonces de que el Gobierno había reducido o reformulado determinados compromisos difíciles de cumplir, en parte porque necesitaban mayorías parlamentarias que el Ejecutivo ya no tenía garantizadas.
Carlos Cuerpo reconoció el 8 de julio que la nueva adenda de julio es mucho más técnica y de menor alcance que la de diciembre.
Por tanto, debemos distinguir:
Diciembre de 2025: revisión política y material más importante del Plan.
Julio de 2026: operación final de ajuste, verificación y certificación.
En otras palabras: diciembre acomodó el Plan a lo que España creía razonablemente posible cumplir; julio trata de demostrar ante Bruselas que efectivamente se ha cumplido.
- El caso del impuesto al diésel demuestra que no todo puede arreglarse mediante una adenda
Aquí tenemos un excelente control para no exagerar.
España se comprometió a equiparar progresivamente la fiscalidad del gasóleo con la gasolina. No consiguió los apoyos parlamentarios.
Bruselas ya penalizó este incumplimiento dentro del quinto desembolso y todavía permanecen bloqueados alrededor de 200 millones de euros vinculados a esta medida. El propio Gobierno reconoce actualmente que no dispone de mayoría parlamentaria para aprobarla antes del cierre del Plan.
Esto demuestra algo importante:
la Comisión Europea no está permitiendo simplemente que España borre cualquier obligación que no haya conseguido cumplir.
Hay compromisos cuyo incumplimiento tiene coste financiero.
Por eso sería excesivo afirmar que la Adenda de Cierre constituye una especie de amnistía general de hitos incumplidos.
Pero también es evidente que Bruselas está concediendo flexibilidad considerable para reformular la manera de verificar inversiones y reformas cuando entiende que el objetivo sustancial se mantiene.
- La gran reducción de los préstamos: España renuncia a aproximadamente tres cuartas partes
Éste es otro asunto extraordinariamente importante que quedó bastante sepultado.
España tenía inicialmente derecho a más de 83.000 millones de euros en préstamos europeos.
Finalmente decidió utilizar aproximadamente 22.000 millones, es decir, alrededor del 25%.
Renuncia, por tanto, aproximadamente al 75 % de los créditos disponibles.
Aquí hay que distinguir muy claramente créditos de subvenciones.
España no está renunciando al 75 % de los fondos europeos.
Está renunciando al 75 % de los préstamos, que hay que devolver.
Las subvenciones constituyen una cuestión completamente distinta.
¿Por qué renunciar a dinero barato?
La explicación oficial tiene fundamento financiero.
En 2021 la ventaja del préstamo europeo frente a financiarse directamente en los mercados rondaba los 70 puntos básicos.
Hoy, según Economía, esa ventaja prácticamente ha desaparecido.
Además, pedir esos préstamos aumenta la deuda pública española.
Por tanto, no veo en la renuncia a los créditos un problema en sí mismo. Si el Tesoro puede financiarse prácticamente al mismo precio, no tiene sentido aumentar deuda únicamente porque Bruselas ofrezca el dinero.
Lo verdaderamente importante está en qué instrumentos españoles sustituyen ese crédito europeo.
Y ahí aparece el futuro Fondo España Crece, gestionado por el ICO, con la ambición gubernamental de movilizar hasta 120.000 millones de euros mediante capital público y privado.
Éste será uno de los legados más importantes del NextGeneration.
- Segunda cuestión: el indulto de Laura Borràs
Aquí conviene separar estrictamente el aspecto jurídico del político.
Borràs fue condenada a 4 años, 6 meses y un día de prisión por delitos relacionados con adjudicaciones irregulares durante su etapa al frente de la Institució de les Lletres Catalanes.
El Gobierno conmuta la prisión por dos años, lo que en la práctica evita su ingreso en prisión. Se mantienen multa e inhabilitación.
Existe una particularidad decisiva: el propio Tribunal Superior de Justicia de Cataluña que la condenó había propuesto el indulto parcial, al considerar excesiva la pena carcelaria.
Por tanto, jurídicamente el Gobierno dispone de una cobertura muy importante.
No es un indulto inventado por Moncloa contra el criterio del tribunal sentenciador.
Pero la Fiscalía se había opuesto.
¿Y políticamente?
Aquí la coincidencia temporal es inevitable.
El Gobierno necesita a Junts para importantes votaciones parlamentarias. El PP inmediatamente presentó el indulto como una contrapartida política.
Pero Junts tampoco quedó satisfecho: Jordi Turull sostuvo que el indulto no reparaba el daño porque se mantiene la inhabilitación.
Mi valoración es ésta:
existe un evidente beneficio político potencial para las relaciones Gobierno-Junts, pero no tenemos prueba documental de una contraprestación concreta.
La existencia previa de una propuesta del propio TSJC hace mucho más difícil sostener que sea un indulto puramente político.
- Tercera cuestión: Ley Orgánica de Integridad Pública
Ésta es una reforma de mucha mayor dimensión de lo que su tratamiento periodístico sugiere.
No es ya un anteproyecto. El Consejo la aprobó en segunda vuelta como Proyecto de Ley Orgánica y la envía al Congreso.
Entre sus medidas:
- ampliación de cinco a siete años de la prescripción de determinados delitos;
- mayores penas para personas jurídicas;
- restricciones para contratar con las Administraciones;
- endurecimiento de las condiciones para obtener beneficios penitenciarios;
- reforzamiento del decomiso y recuperación de activos;
- hasta 20 años de inhabilitación para obtener subvenciones, contratar con el sector público o disfrutar determinados beneficios;
- utilización de big data e inteligencia artificial para detectar patrones de corrupción.
Pero lo verdaderamente trascendente es institucional.
Nueva Agencia Independiente de Integridad Pública
Absorbería o integraría funciones actualmente repartidas entre:
- Servicio Nacional de Coordinación Antifraude de la IGAE;
- Autoridad Independiente de Protección del Informante;
- Oficina de Conflictos de Intereses;
- determinadas competencias de OIReScon en contratación pública.
Estamos hablando de una concentración extraordinaria de funciones sobre:
contratación, subvenciones, conflictos de intereses, denunciantes, investigación administrativa, sanciones y análisis de datos.
El presidente de la nueva Agencia deberá seleccionarse mediante convocatoria pública y necesitará una mayoría reforzada del Congreso para su confirmación.
Lo que yo vigilaría
No tanto el discurso anticorrupción —en el que todos estarán de acuerdo— como:
quién controla a la Agencia, cómo se nombra su dirección y cuál es la separación efectiva entre investigar y sancionar.
Porque concentrar organismos dispersos puede mejorar muchísimo la eficacia.
Pero también concentra poder.
- Cuarta cuestión: ANIFI, otro gran organismo de control
Curiosamente, el mismo Consejo crea conceptualmente otra gran autoridad.
La futura Autoridad Nacional de Integridad Financiera (ANIFI) absorberá competencias del SEPBLAC y de la Secretaría de la Comisión de Prevención del Blanqueo.
Tendrá:
- inteligencia financiera;
- supervisión;
- inspección;
- potestad sancionadora;
- control de sanciones financieras internacionales;
- prevención de financiación del terrorismo;
- financiación de proliferación de armas de destrucción masiva.
Y será el interlocutor español ante la nueva autoridad europea AMLA.
Hay además una peculiaridad institucional:
ANIFI se construirá sobre el actual FROB.
Y las funciones de resolución bancaria ejecutiva que hasta ahora tenía el FROB pasarán al Banco de España y a la CNMV.
El Estado reorganiza así de manera bastante profunda su arquitectura financiera.
Todavía estamos ante un anteproyecto, por lo que puede cambiar sustancialmente antes de convertirse en ley.
- Quinta cuestión: comprometer gasto más allá de esta legislatura
Éste es uno de los aspectos que más me interesa políticamente.
El Consejo del 28 está lleno de autorizaciones conforme al artículo 47 de la Ley General Presupuestaria para adquirir compromisos de gasto en ejercicios futuros.
Un ejemplo llamativo es Cataluña:
AP-2/AP-7: 250 millones.
Eje Pirenaico N-260: 260 millones.
Ronda Nord: 200 millones.
Total: 710 millones.
Pero sería injusto presentar esos 710 millones como una concesión nueva del 28 de julio.
Los convenios proceden fundamentalmente de 2024 y lo que ahora se modifica es la distribución temporal de las anualidades.
Sí hay una consecuencia política:
un Gobierno puede dejar comprometidos presupuestos de años que serán ejecutados potencialmente por otro Gobierno.
Eso es perfectamente legal y sucede constantemente con infraestructuras plurianuales, Defensa, concesiones, etc.
Pero, entrando en 2027, merece hacer un inventario de todos los compromisos plurianuales que se están dejando firmados.
Defensa
Entre ellos figura la reprogramación de programas especiales de modernización y el aumento de límites para el sistema antiaéreo NASAMS.
Interior
Se autorizan compromisos para 2027-2028 destinados, entre otras cosas, a:
- instalaciones de El Pardo;
- DNI/firma remota;
- 30 antenas fijas antidrones;
- Plan de Seguridad del Campo de Gibraltar.
Nuevas necesidades: unos 17,38 millones en 2027 y 9,58 millones en 2028.
Dos contratos gigantescos
El Consejo autoriza además:
604,8 millones como valor máximo estimado del contrato centralizado de agencias de viajes.
369,6 millones para servicios postales de notificaciones administrativas y judiciales.
Casi 974 millones de euros de valor estimado contractual.
Insisto en la precisión: eso no significa que el Estado haya gastado 974 millones el 28 de julio. Son valores máximos estimados de contratos plurianuales.
Pero la magnitud merece atención.
- Sexta cuestión: el decreto de vivienda que no llegó al Consejo
Y ésta tiene una importancia política diferente: lo que el Consejo no pudo aprobar.
Hasta pocos días antes, PSOE y Sumar anunciaban para el día 28 un gran Real Decreto-ley de vivienda.
Incluía, entre otras medidas:
- prórroga extraordinaria de alquileres;
- regulación de alquileres temporales;
- regulación del alquiler por habitaciones;
- cambios fiscales en vivienda turística;
- incentivos fiscales para propietarios.
El 27 de julio el Gobierno lo retiró.
La explicación oficial fue que necesitaba unas semanas más para negociar.
La causa política fue mucho más sencilla:
no tenía garantizada la convalidación parlamentaria.
Podemos rechazaba aspectos de la reforma de la Ley del Suelo y determinados incentivos a propietarios; Junts y PNV mantenían sus propias exigencias.
Esto permite medir la legislatura de una forma bastante interesante:
el Gobierno conserva una notable capacidad ejecutiva y administrativa, pero su capacidad legislativa es mucho menor.
Puede aprobar contratos, inversiones, reglamentos, indultos y reorganizaciones administrativas.
Pero cuando necesita 176 votos —o, más exactamente, ganar una votación parlamentaria de convalidación—, aparece su verdadera debilidad.
Mi conclusión sobre las seis cuestiones
Después de investigarlas con más profundidad, cambiaría ligeramente el orden de importancia que establecimos inicialmente.
Para mí, el asunto número uno ya no es el indulto de Borràs.
Es el cierre del Plan de Recuperación.
Hay aproximadamente 25.000 millones todavía vinculados al último desembolso, quedan semanas para culminar las actuaciones, se modifican 121 hitos y objetivos y 101 medidas, tres objetivos previamente rechazados se reformulan para volver a presentarlos, y España acepta ya que algunos compromisos —como el del diésel— probablemente no serán cumplidos.
Eso no prueba fraude ni manipulación.
Pero sí describe una gigantesca negociación de cierre entre Madrid y Bruselas para decidir qué considera Europa finalmente cumplido y cuánto dinero recibe España.
Y aquí hay una dificultad informativa importante: a fecha de hoy, 30 de julio, no he localizado todavía publicada la documentación europea definitiva que permita comparar uno por uno los 121 hitos antes y después de la reforma del día 28. La comunicación del Ministerio proporciona las cifras y algunos ejemplos, pero no el cuadro comparativo completo. La modificación española aún debe pasar por el procedimiento europeo de evaluación y aprobación correspondiente.
Por eso considero que ése debe ser nuestro siguiente paso: localizar en cuanto aparezca la propuesta de la Comisión y, sobre todo, el Anexo a la Decisión de Ejecución del Consejo de la UE, porque ahí podremos hacer algo mucho más revelador: comparar literalmente “compromiso anterior → compromiso reformulado” y detectar cuáles se han flexibilizado de verdad, cuáles son sólo modificaciones documentales y cuáles permiten cobrar aunque la ejecución material continúe después. Ese análisis será mucho más concluyente que el comunicado del Gobierno.
Avisarme cuando Bruselas publique la adenda española definitiva
