Análisis político de Ramón de Isequilla Real de Azúa
- EL DISPOSITIVO LEGAL: ALCANCE Y CIFRAS
La Ley de Memoria Democrática, aprobada en octubre de 2022, incluyó en su disposición adicional octava el mecanismo que ha dado en llamarse coloquialmente “ley de nietos”. La norma reconoce el derecho a solicitar la nacionalidad española a hijos o nietos nacidos fuera de España de personas que, siendo originariamente españolas, perdieron o renunciaron a su nacionalidad por razones de exilio político, ideológico, de creencia o de orientación e identidad sexual entre el 18 de julio de 1936 y el 31 de diciembre de 1978.
Pero el alcance real de la ley se amplió de forma extraordinaria cuatro días después de su entrada en vigor. Una instrucción del Ministerio de Justicia reinterpretó el alcance de la norma, estableciendo que “se presumirá la condición de exiliado para todos los españoles que salieron de España entre el 18 de julio de 1936 y el 31 de diciembre de 1955”, eliminando en la práctica la obligación de acreditar el exilio político individualmente. El resultado de esta apertura fue una avalancha sin precedentes. (El Español)
Alrededor de 2.450.000 personas han solicitado la nacionalidad española a través de la Ley de Memoria Democrática, con Argentina y México liderando las solicitudes. Según datos oficiales, alrededor de 306.000 personas ya obtuvieron la inscripción de la nacionalidad española. El plazo para presentar pedidos concluyó en octubre de 2025, luego de permanecer abierto durante dos años y de ser prorrogado por un tercer año. (Infobae)
La distribución geográfica es reveladora: Argentina concentra el 40% de las solicitudes, con los cinco consulados del país recibiendo 366.579 peticiones. El Consulado General de España en Cuba recibió 107.338 solicitudes (12,24%), seguido de Brasil (10,97%), México (9,71%), Chile (5,04%) y Venezuela (2,45%).
El colapso administrativo que ha generado este volumen es de primera magnitud. La presidenta del Consejo General de la Ciudadanía Española en el Exterior, Violeta Alonso, señaló que al ritmo actual de resolución de trámites se tardarían 20 años en atender todas las peticiones de nacionalidad presentadas. Sin embargo, y aquí comienza la parte políticamente más sensible del asunto, la previsión es que cuando concluya la tramitación, el número de ciudadanos españoles en el exterior pueda superar los cinco millones. (Infobae)
- EL VECTOR ELECTORAL: DEL PASAPORTE A LA PAPELETA
La conexión entre la ley de nietos y el censo electoral no es especulación: es mecánica constitucional. Una vez concedida la nacionalidad e inscriptos en el Censo de Españoles Residentes Ausentes (CERA), estas personas pueden votar en elecciones generales, autonómicas y al Parlamento Europeo. No pueden, sin embargo, votar en elecciones municipales, ya que no están adscritas a una localidad concreta en España. (El Cronista)
El CERA ha experimentado un crecimiento sostenido que ya tiene reflejo estadístico. Antes de la aprobación de la Ley de Memoria Democrática, ese censo contaba con unos 2,3 millones de electores, cifra que actualmente ha subido hasta los 2,66 millones, estimándose que para las próximas elecciones generales, previstas para julio de 2027 como máximo, pueda ascender hasta los 2,7 millones. (OKDIARIO)
Pero hay un segundo factor que multiplica el efecto: la eliminación del voto rogado. Los españoles del CERA tenían hasta 2022 un índice de participación electoral muy limitado, entre el 3% y el 6%, debido a que la LOREG establecía la obligación del denominado «voto rogado». Esa exigencia la eliminó la LOREG en su reforma de 2022, con lo que los inscritos reciben de oficio las papeletas, lo que ha incrementado esa escasa participación ya a un 10-12%. (OKDIARIO)
La consecuencia aritmética de la combinación de ambos factores, más electores exteriores y mayor participación de cada uno de ellos, está siendo ya visible en circunscripciones clave. El incremento del CERA junto a la eliminación del voto rogado convierte a ese censo en un bloque político de cualificada importancia electoral, un virtual “escaño 351”, que puede afectar de diferente manera según provincias, en especial a aquellas con pocos diputados y márgenes de victoria estrechos, algunas gallegas, Asturias, Cantabria, León, Zamora, Salamanca, en las que un incremento de 10.000 o 15.000 votos exteriores puede alterar el último escaño en disputa. (OKDIARIO)
A ello se añade un detalle procedimental que ha generado alarma entre fuentes diplomáticas y analistas electorales: al inscribirse en el CERA, el nuevo ciudadano debe rellenar un formulario de Exteriores en el que elige el municipio al que desea quedar “adscrito a efectos de los procesos electorales”. En ese documento se ofrecen distintos motivos para justificar la elección: “municipio de su última residencia”, “de mayor arraigo propio” o “de mayor arraigo de sus ascendientes”. Esto significa que alguien que jamás ha pisado Lugo, Jaén o Zamora puede votar en esas circunscripciones si sus abuelos nacieron allí, (o si simplemente lo afirma) con efectos potencialmente decisivos sobre el reparto de escaños. (El Español)
III. LA ACELERACIÓN POLÍTICA: LO QUE ADMITE EL PROPIO GOBIERNO
El elemento más revelador del debate actual no procede de la oposición, sino de las propias filas del Gobierno. El senador socialista y responsable del PSOE en el Exterior, César Mogo, reconoció públicamente ante el Consejo General de la Ciudadanía Española en el Exterior que el Gobierno está “poniendo los medios para agilizar las inscripciones de nacionalidad” derivadas de la ley de nietos, revelando que el Ejecutivo ha movilizado “más de 2.000 contrataciones” para reforzar la red consular. (El Debate)
Esta declaración, hecha en sede institucional, es la primera admisión política explícita de que se ha activado un sistema extraordinario de aceleración ajeno a la estructura ordinaria de control consular. Lo hace, además, con una selectividad geográfica que no escapa al análisis: la prioridad ha recaído sobre el Consulado General de Buenos Aires, que concentra exactamente 645.052 solicitudes, el mayor volumen de toda la red consular mundial.
El Gobierno ha añadido recientemente un incentivo económico al paquete. La llamada “ley de nietos” no solo facilita la obtención de la nacionalidad española a los descendientes de exiliados, sino que ahora añade un incentivo económico de hasta 7.600 euros para quienes regresen a España y acrediten una situación de vulnerabilidad, con un paquete total que asciende a 8 millones de euros. (Periodista Digital)
La Ley de Memoria Democrática no es solo una norma de “reparación histórica”. Es, sobre todo, un mecanismo de ingeniería demográfica que está modificando el censo electoral español de forma estructural y duradera, y que podría llegar a modificar de forma sensible el resultado de las elecciones españolas a medio y largo plazo. El ritmo actual de resoluciones apunta a que, de aquí a 2030, se incorporarán al CERA varios centenares de miles de nuevos electores. En un escenario moderado, el censo de españoles en el extranjero podría superar los tres millones; en la franja alta de las proyecciones, estaríamos hablando de cinco millones o más de nuevos electores. (El Español)
- LA PARADOJA AUTONÓMICA
El dato que surge de la consulta y compulsa de medios es el más perturbador del análisis, y tiene ya verificación empírica reciente. El batacazo electoral de los socialistas en las cuatro últimas elecciones autonómicas no impidió que, paradójicamente, ganasen en el voto exterior. Según el Ministerio de Exteriores, ya hay 2.708.083 personas con derecho a voto viviendo en el extranjero, un 47% más que en las generales de 2019. (El Español)
El caso andaluz de mayo de 2026 es el más fresco y documentado. El PSOE de María Jesús Montero, que se quedó a 25 escaños del Partido Popular de Juanma Moreno en las elecciones andaluzas del pasado 17 de mayo, ganó el voto CERA con 6.703 sufragios, casi 400 más que los 6.307 logrados por el PP. La divergencia entre el resultado de urna, aplastante victoria del PP y el resultado exterior, victoria del PSOE, es exactamente la inversión que yo temía. (Libertad Digital)
El PSOE disfruta en los países latinoamericanos de una red de centros y casas de Andalucía que ninguna otra formación tiene. En Europa occidental el perfil es otro: jóvenes con estudios superiores que emigraron tras la crisis de 2008, cuyas simpatías se inclinan mayoritariamente hacia el bloque progresista. El resultado es que ese bloque aglutinó más del 48% de las papeletas CERA válidas en toda Andalucía. (Huelva 24)
La supresión del voto rogado ha actuado como acelerador estructural de esta tendencia: desde que desapareció la obligación de solicitar expresamente la documentación electoral, las papeletas llegan de oficio a todos los inscritos en el CERA, lo que ha disparado la participación exterior, en Andalucía pasó del 2,9% en 2022 al 7,1% en 2026, beneficiando sobre todo a quienes antes simplemente no votaban por inercia. (Huelva 24)
- ¿POR QUÉ VOTA A LA IZQUIERDA EL EXTERIOR?
La pregunta merece una reflexión estructural, más allá de la denuncia política coyuntural.
Primera razón: la composición sociológica histórica de la emigración española. El núcleo duro del CERA latinoamericano procede de comunidades de emigrantes de larga data, gallegos en Argentina, asturianos en Cuba, vascos en México, cuyas familias conservaron durante décadas una memoria política de izquierda o republicana. La Ley de Memoria Democrática ha incorporado masivamente a sus descendientes, que heredan esa memoria afectiva, aunque carezcan de cualquier vinculación práctica con la realidad española actual.
Segunda razón: la nueva emigración europea. En paralelo al vector latinoamericano, el CERA europeo ha crecido con la emigración post-2008: jóvenes universitarios que salieron de España durante la crisis de austeridad con una narrativa política definida, que identifican el PP con los recortes y el bipartidismo tradicional, y tienden hacia el espacio progresista o de nueva izquierda.
Tercera razón: la ausencia de información local. Quien vive en Buenos Aires, La Habana o Ciudad de México consume la política española a través de medios nacionales con sesgos reconocibles, sin la mediación de la realidad cotidiana, servicios, seguridad, empleo local, gestión territorial, que en muchas regiones empuja al voto conservador. El voto exterior es, en cierta medida, un voto de imagen sobre el Gobierno central, no sobre la gestión autonómica.
Cuarta razón: la red orgánica del PSOE en el exterior. La mayoría de los latinoamericanos nacionalizados en España vota a la izquierda. A este dato sociológico se añade que el PSOE ha mantenido históricamente una estructura organizativa en la diáspora, casas regionales, centros culturales, asociaciones de emigrantes, muy superior a la de cualquier otro partido, lo que le proporciona una ventaja de movilización que ninguna reforma legal puede suplir para sus competidores. (The Objetive)
- EL IMPACTO POTENCIAL EN 2027: ESCENARIOS
El censo CERA ha crecido un 18% desde 2019 (de 2,142 millones a 2,526 millones a principios de 2025), y parte de ese incremento se debe directamente a estas nacionalizaciones. En comunidades como Andalucía, el censo de andaluces en el exterior para las elecciones de mayo de 2026 alcanzó las 302.000 personas. La participación CERA en esa comunidad pasó del 2,9% en 2022 al 7,1% en 2026, con los votos emitidos multiplicándose por tres. (El Español)
Si esa tendencia se confirma en las generales de 2027, con un censo exterior que podría superar los 2,7 millones de electores y una participación consolidada del 10-12%, estaríamos hablando de un potencial de entre 270.000 y 330.000 votos exteriores, de los cuales el bloque progresista podría capturar entre el 48% y el 55%. En las generales de 2023, el voto CERA ya produjo la transferencia de un escaño de Madrid del PSOE al PP. A la inversa, con el nuevo escenario demográfico, el efecto podría revertirse y amplificarse.
España no elige presidente por voto popular. Reparte escaños por provincias. Y en muchas de ellas el último diputado no se decide por grandes mareas de votantes, sino por unos pocos miles de votos. Ése es precisamente el talón de Aquiles que hace que el CERA importe más de lo que su participación relativa sugeriría. (The Objetive)
VII. REFLEXIÓN FINAL: LEGITIMIDAD, LEGALIDAD Y SOSPECHA FUNDADA
Es obligado distinguir planos analíticos para no incurrir en la trampa del todo-o-nada.
Plano de la legitimidad sentimental. Que los nietos de quienes sufrieron el exilio franquista recuperen una ciudadanía que sus abuelos perdieron por persecución política es un acto de justicia con sólida base moral. Ningún análisis honesto puede ignorar ese fundamento.
Plano de la ingeniería legal. La instrucción ministerial que presumió el exilio para todos los salidos entre 1936 y 1955, sin necesidad de acreditarlo individualmente, amplió el universo de beneficiarios de modo exponencial, incorporando a muchos que difícilmente encajan en la categoría de “víctimas del franquismo” en sentido estricto. Esta extensión administrativa, no contemplada con esa amplitud en el texto legal, es el punto débil jurídico más evidente.
Plano de la aritmética electoral. La coincidencia de tres factores, creación masiva de nuevos ciudadanos con tendencia de voto definida, eliminación del voto rogado y aceleración gubernamental de los trámites a 18 meses de unas generales muy competidas, supera la capacidad explicativa de la casualidad. Como señala con precisión un analista citado en la prensa española esta semana: por separado, cada una de estas medidas puede justificarse como mejora administrativa y como reparación histórica. Pero sumadas, y vistas desde la aritmética provincial de unas generales, resultan demasiado funcionales entre sí como para no preguntarse dónde acaban censados esos nuevos votantes, en qué provincias, con qué trazabilidad y con qué impacto en el último escaño. (The Objetive)
El hecho de que el PSOE gane el voto exterior en las mismas comunidades donde pierde por goleada el voto de urna no es una paradoja estadística inocente. Es el mapa de una fractura entre la España que vive y trabaja aquí, con sus demandas concretas sobre seguridad, sanidad, empleo y gestión territorial y una diáspora cuyo voto se forma en condiciones radicalmente distintas, con una memoria afectiva de izquierda y una red de movilización que solo uno de los partidos ha cultivado durante décadas.
Para 2027, el CERA ya no es una nota al pie del escrutinio. Es, potencialmente, el escaño que decide quién gobierna España.
Análisis elaborado el 19 de junio de 2026. Fuentes: Ministerio de Asuntos Exteriores, Consejo General de la Ciudadanía Española en el Exterior, El Español, El Debate, Libertad Digital, Newtral, Infobae, Huelva24, The Objective.
